ACTA N° 016-2005

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas con cuarenta y cinco  minutos del  veintidós de junio  del año dos mil cinco.

Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, Lic. Jorge Segura Román en representación del Ministerio Público, Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo, la Licda. Marta Iris Muñoz Cascante,   Jefa de la Defensa Pública,  la Licda. Odalia Campos Villalobos, Secretaria Escuela Judicial. El Lic. Francisco Segura Montero, de la Dirección del Organismo de Investigación Judicial y el Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo se excusarón.

ESCUELA JUDICIAL

ARTICULO I

Se aprueba el acta N°13-2005 del 18 de mayo de 2005, N°14-2005 del 20 de mayo de 2005 y N°15-2005 del 13 de junio de 2005.

ARTICULO II

La Mag. Ana Virginia Calzada Miranda, manifiesta que ya se debe comenzar a trabajar en el plan de trabajo para el 2006, por lo que solicita que se proceda a solicitar a las diferentes Unidades de Capacitación, Asociaciones y Comisiones del Poder Judicial que remitan los planes de necesidad de capacitación para el 2006 con el objeto de tomarlas en cuenta en el Plan de Trabajo de la Escuela Judicial y que el período de recepción se cierra el 31 de agosto de 2005.

SE ACUERDA:  Hacer instancia  a la Defensa Pública, Ministerio Público, Unidad de Capacitación del Sector Administrativo, Unidad de Capacitación del O.I.J., Coordinadores de Programas y Unidades de la Escuela Judicial, Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), Asociación de Profesionales en Derecho del Poder Judicial y Asociación de Juezas , Asociación Costarricense de Profesionales en Ciencias Forenses que remitan a más tardar el 31 de agosto de 2005 a la Escuela Judicial el plan de necesidades de capacitación que se deben incluir dentro del Plan de Trabajo  para el 2006. Se comisiona al Lic. Otto González Vílchez, Abogado de la Escuela Judicial para que solicite a  las Comisiones del Poder Judicial el plan de  acuerdo con las solicitudes presentadas  en años anteriores.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO III

La Mag. Ana Virginia Calzada, informa que la visita a la finca de la Soledad en San Joaquín de Flores de Heredia, se realizará  el  sábado 16 de julio de 2005 a las 10:00 horas, asistirá el Dr. Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte,  el Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, el Lic. Tobías Mena , Jefe del Departamento de Servicios Generales.  Solicita a los miembros del Consejo Directivo su presencia.

SE ACUERDA: Convocar a los miembros del Consejo Directivo de la Escuela para que asistan a la visita mencionada.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO IV

La Licda. Margoth Rojas Pérez, Coordinadora del Tribunal de Guanacaste, en oficio de fecha 6 de octubre del 2003 dice:

“De ustedes es conocido el volumen de trabajo que tiene el Tribunal de Guanacaste y el compromiso que adquirimos muchos de los que aquí trabajamos para sacar la mayor cantidad  de trabajo.

Somos conscientes que el compromiso debe ser de todas las personas que de una u otra forma tenemos que ver en algún momento con la tramitación de las causas penales.

Me preocupa que la afluencia de asuntos que vienen a juicio siempre tiene una tendencia a subir, lo que de alguna manera evidencia que no se están utilizando medidas alternas que descongestionen nuestro despacho.

Muchos de los asuntos son de poca relevancia, por lo que consideramos debieron arreglarse en otra etapa y nunca venir a juicio.

Tratando de encontrar las causas por las cuales no aplicamos las alternativas que nos da el Código Procesal Penal para evitar que todo asunto llegue a juicio, he detectado que el Juzgado Penal no cita al imputado y ofendido a la audiencia preliminar y normalmente no se les notifica ese señalamiento porque señalan lugar fuera del perímetro judicial.

Entiendo que el Juzgado Penal no cita al imputado para evitarse constatar su posible ausencia y no tener el compromiso de declarar la rebeldía y en consecuencia mantener el expediente en su despacho hasta que el rebelde aparezca o la causa prescriba.  Resulta más fácil para ellos enviar el  asunto con apertura a juicio, el Tribunal cita a juicio y determina la rebeldía cuando ya el expediente es de este Tribunal. 

Me preocupa porque en el Juzgado Penal en un afán de quitarse los expedientes de la forma más rápida, cercena a las partes la opción de acceder a medidas alternas, porque  al no citarlos a la audiencia no podrán gozar de las posibilidades que da esa audiencia.  Es posible también que no se le den opciones de arreglo que impliquen que el expediente perdure en el Juzgado Penal mucho tiempo, como las suspensiones del proceso a prueba.

Mi intención es buscar soluciones que ayuden a lograr mayor fluidez en nuestro trabajo y siento la necesidad de que exista un pronunciamiento de ustedes respecto a la necesidad o no de citar al imputado y al ofendido a la audiencia preliminar y la necesidad de instar a los auxiliares judiciales a que le indiquen a las partes la importancia de señalar lugar para notificaciones dentro del perímetro judicial.”
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El Lic. Román Bresciani Quirós, Abogado de la Escuela Judicial en oficio EJ-UJ-107-2005 de fecha 18 de mayo de 2005 rinde el siguiente informe:
ADO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR”

“Antecedentes

I.	Mediante oficio de la Comisión de Asuntos Penales, número CAP06-03, del 17 de octubre de 2003, es remitida a la Escuela Judicial la consulta de la Licda. Margoth Rojas Pérez, Jueza Coordinadora del Tribunal de Guanacaste, por medio de nota presentada el 6 de octubre de 2003.

II.	La citada funcionaria consulta sobre disconformidades con el procedimiento de notificación que el Tribunal de Guanacaste efectúa, citando al imputado y al ofendido a la audiencia preliminar. 

III.	Específicamente, la consulta que se hace, consiste en el señalamiento de algunos temas relacionados con la gestión de causas, desde la etapa preliminar hasta la etapa de juicio que, como la licenciada Rojas Pérez reconoce, implica una situación que afecta, quizás la fluidez del trabajo en cuanto a la situación del imputado y del ofendido, que podría repercutir en el circulante, tanto del Tribunal de Juicio como del Juzgado Penal.

IV.	De ahí que el contenido de la consulta formulada es, sin lugar a dudas, un tema que debe ser resuelto a nivel jurisdiccional, ya que si bien tiene un componente muy importante de diligenciamiento administrativo, también lo tienen las decisiones internas del Tribunal de Guanacaste, en donde éste ha de actuar con plena capacidad jurisdiccional, y en tal sentido priva a la Escuela Judicial de hacer cualquier recomendación, por estarle vedado expresamente, en razón de los requisitos de admisibilidad establecidos por el Consejo Directivo.

V.	Asimismo, las consultas jurídicas que se resuelve por esta instancia, tienen como antecedente al artículo 6 inciso b) de la Ley de Creación de la Escuela Judicial,  que indica: 
“El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: b) Dictar las recomendaciones tendentes a eliminar actuaciones y procedimientos innecesarios, a fin de evitar la duplicidad o complicaciones y los trámites inconvenientes.”

VI.	Según  acuerdo del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, según Sesión N°15-01 del veintitrés de agosto de dos mil uno –art. V-, las consultas jurídicas deben cumplir determinados requisitos de admisibilidad. De ahí que se evidencie que la consulta de marras no cumple con dichos requisitos, pues la misma  hace referencia a situaciones de índole jurisdiccional.

VII.	Antecedente de dicha posición, es el acuerdo tomado por el Consejo Directivo en Sesión N°8-97 del siete de mayo de mil novecientos noventa y siete, -art. VI-, en que se determinó, no proseguir con la evacuación de una determinada pregunta porque era responsabilidad del juzgador establecer las valoraciones del caso .

Conclusión

La consulta formulada por la Licda. Margoth Rojas Pérez, Jueza Coordinadora del Tribunal de Guanacaste, no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos por la Comisión de Asuntos Penales según Oficio N°CAP-06-03 de 17 de octubre de 2003  y en particular por lo dispuesto por el  Consejo Directivo de la Escuela Judicial según lo supra mencionado. 
Consecuentemente, si bien la consulta planteada tiene un componente muy importante de diligenciamiento administrativo, también lo tienen las decisiones internas del Tribunal de Guanacaste, en donde éste ha de actuar con plena capacidad jurisdiccional, y en tal sentido priva a la Escuela Judicial de hacer cualquier recomendación, por estarle vedado expresamente en razón de los requisitos de admisibilidad establecidos por el Consejo Directivo.

Por lo anterior, se recomienda al Consejo Directivo se rechace la presente consulta.”
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SE ACUERDA:  Aprobar el informe anterior y comunicarlo a la Licda. Margoth Rojas Pérez , Jueza Coordinadora del Tribunal de Guanacaste para su conocimiento.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO V

El Lic. José María Pereira Pérez, Juez Penal del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en oficio  de fecha 19 de marzo de 2004 dice:

“Le solicito a usted se sirvan evacuar la siguiente consulta, no sin antes indica que la causa N°01-201390-472 se encuentra con sobreseimiento definitivo firme desde febrero en curso al haberse sometido a una suspensión del proceso a prueba Alvaro Cruz Cruz como acusado.-  La consulta va dirigida en el sentido de que un tercero realizó el depósito de dinero por el avalúo de la madera, no se efectuó el remate que indica el artículo 65 de la Ley Forestal, el asunto es a quién se le deposita dicho dinero si no existió un debate oral y público que absolviera o condenara, si dicho texto anterior a la Ley Forestal y dicha circunstancia no estaba prevista, porque de haber existido remate el dinero de deposita en el cuenta de la oficina para luego esperar el debate para que se determinará allí si se absuelve o se condena en el entendido de que de absolverse el dinero es entregado al encartado y si se condena el cincuenta por ciento le correspondería a la Administración Forestal y el otro cincuenta por ciento a la Municipalidad del lugar en donde se suscitaron los hechos. (Sumaria N°01-201390 contra Alvaro Cruz Cruz por Infracción Ley Forestal).”
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El Lic. Román Bresciani Quirós, en oficio EJ.UJ-108-2005 de fecha 18 de mayo de 2005 rinde el siguiente informe:

“CONSULTA SOBRE LA APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY FORESTAL 
REFERENTE AL REMATE DE PRODUCTOS 
MADEREROS DECOMISADOS”

Antecedentes

VI.	    Mediante oficio de  10 de marzo de 2004, el licenciado José María Pereira Pérez, Juez Penal del I° Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

VII.	    El funcionario en mención, consulta sobre la aplicación del artículo 65 de la Ley Forestal, en relación con el remate de productos madereros decomisados.

VIII.	Las consultas jurídicas que se resuelve por esta instancia, tienen como antecedente al artículo 6 inciso b) de la Ley de Creación de la Escuela Judicial,  que indica: 
“El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: b) Dictar las recomendaciones tendentes a eliminar actuaciones y procedimientos innecesarios, a fin de evitar la duplicidad o complicaciones y los trámites inconvenientes.”

VIII.	Según  acuerdo del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, según Sesión N°15-01 del veintitrés de agosto de dos mil uno –art. V-, las consultas jurídicas deben cumplir determinados requisitos de admisibilidad. De ahí que se evidencie que la consulta de marras no cumple con dichos requisitos, pues la misma  hace referencia a situaciones de índole jurisdiccional.

Para tal afirmación, debe tomarse como antecedente el acuerdo del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, según Sesión 5-95, el cual dice:

“este Consejo no tiene facultad legal de resolver consultas sobre casos particulares, que se encuentran en proceso de instrucción. Para que sea tomado en cuenta por él y las demás autoridades judiciales del país, se han hecho las consideraciones anteriores sin que ello signifique afán de dirimir ningún conflicto particular, ni exista ningún criterio vinculante para ninguna de esas autoridades.”

Por lo anterior, las consultas que la Escuela Judicial puede evacuar no deben referirse a asuntos que se encuentran en trámite; tal y como se desprende del texto de la consulta planteada:

“La consulta va dirigida en el sentido de que un tercero realizó el depósito de dinero por el avaluó de la madera, no se efectuó el remate que indica el artículo 65 de la Ley Forestal, el asunto es a quien se le deposita ese dinero si no existió un debate oral y público que absolviera o condenara, si dicho texto es anterior a la Ley Forestal y dicha circunstancia no estaba prevista, porque de haber existido remate el dinero se deposita en la oficina para luego esperar el debate para que se determinará allí si se absuelve o se condena en el entendido de que de absolverse el dinero es entregado al encartado y si se condena el cincuenta por ciento le corresponde a la Administración Forestal”

IX.	Al referirnos a consultas que planten situaciones de índole jurisdiccional el Consejo Directivo en Sesión N°8-97 del siete de mayo de mil novecientos noventa y siete, -art. VI-,, determinó, no proseguir con la evacuación de una determinada pregunta “porque es un aspecto de interpretación que corresponde hacer al juzgador”.

Conclusión

La consulta formulada por el licenciado José María Pereira Pérez, Juez Penal del I° Circuito Judicial de la Zona Atlántica, no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en Sesión N°15-01 del veintitrés de Agosto de dos mil uno, -Artículo V-, dado que la exposición del consultante nos remite a un caso en trámite y una respuesta en ese sentido por parte de la  Escuela Judicial, incidiría en la interpretación y aplicación de una norma a un caso concreto, lo que es inconveniente en virtud del valor constitucional de la independencia judicial.

Por lo expuesto, el suscrito recomienda al Consejo Directivo se rechace la presente consulta.”

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SE ACUERDA:  Aprobar el informe anterior.  Comuníquese al  Lic. José María Pereira, Juez Penal del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica. ACUERDO FIRME.

ARTICULO VI

El señor  Carlos Fco. Roldán Bolaños, Prosecretario General, en oficio N°4278-05 de fecha 20 de mayo de 2005, transcribe acuerdo del Consejo Superior de la sesión N°38-05 del 19 de mayo del 2005, artículo XLIX, en el que se concede permiso con goce de salario y sustitución del 23 al 27 de mayo de 2005 al Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez del Tribunal Superior de Trabajo para que realice la revisión del texto “Conflictos Colectivos de carácter Económico y Social”.

SE ACUERDA: Tomar nota.

ARTICULO VII

El  Dr. Víctor Manuel Ardón Acosta, Juez del Tribunal Superior de Trabajo en oficio de 30 de mayo de 2005 dice:

“Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, me permito hacer saber al Consejo Directivo de la Escuela Judicial que por por acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión Nº 38-05 celebrada el 19 de mayo del 2005, y ante la gestión que formulara el Doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° 096-CD/EJ-05 de 11 de mayo en curso, se me concedió permiso para revisar el trabajo realizado por el Lic. Héctor Amoretti Orozco denominado “Conflictos Colectivos de carácter Económico y Social” y que se pretende se utilizar para un curso del mismo nombre, a fin de que el mismo fuese revalidado.
Que en razón de lo anterior procedí a realizar el encargo e indico que el trabajo realizado por el Lic. Amoretti Orozco es un documento excelente a que se ajusta a los lineamientos que ha indicado la Escuela Judicial y, en ese sentido, procedo a concederle la REVALIDACIÓN respectiva.
		Sin otro particular, con las muestras de admiración y respeto, “

	-0-

SE ACUERDA: Tomar nota

ARTICULO VIII

El Consejo Directivo de la Escuela Judicial en sesión N°4 celebrada el 16 de febrero de 2005, artículo II conoció el oficio EJ-ACAD-018-2004  sobre propuesta de certificación de programas y cursos y solicito algunas modificaciones.

La Máster Ingrid Bermúdez Vindas, Especialista en Métodos de Enseñanza y el Lic. Otto González Vílchez, Abogado de la Escuela Judicial, en  oficio EJ-ACAD-006-2005 de fecha 29 de marzo  de 2005 dicen:

“Según  el acuerdo tomado en la sesión N°4 celebrada el 16 de febrero de 2005, les remitimos el informe EJ-ACD-018-2004, con las modificaciones propuestas.

Estos cambios están señalados con color rojo para facilitar su identificación.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.”
-0-
EJ-ACAD-018-2004  modificado:

"De acuerdo con lo solicitado le remitimos la siguiente propuesta:

INTRODUCCIÓN
Esta propuesta de certificación de programas y cursos conjuga los aspectos pedagógicos (andragógicos) y los legales; y, además, considera la realidad de la Escuela Judicial. 

Es importante resaltar que la definición de estas políticas surge de una inquietud de Consejo Directivo por uniformar criterios, elevar los niveles de exigencia académica y formalizar aun más los procesos de capacitación que se desarrollan en la Escuela Judicial.

Estos criterios deberán adecuarse y flexibilizarse conforme el tiempo y las necesidades de la institución así lo indiquen, no obstante, su aplicación debe ser rigurosa mientras se encuentren vigentes y el Consejo Directivo de esta manera lo estipule.

Para la obtención de estos lineamientos se tomó como base la propuesta elaborada por la Dra. Ana Tristán Sánchez y la Licda. Ingrid Bermúdez Vindas aprobada por Consejo Directivo el 5 de noviembre de 2003, en la sesión n.º 18, artículo II. 

Además, se solicitó el criterio respecto del informe anterior a los(as) coordinadores(as) y la M.Sc. Sonia Méndez, especialista en educación y se tomaron decisiones basadas en el fundamento de la mayoría de los profesionales que emitieron recomendaciones.

Para efectos prácticos se ha subdividido la propuesta en cuatro apartados: tipos de certificados, modalidades de actividades académicas, requisitos para otorgar certificados de acuerdo con la modalidad y reglas generales para su otorgamiento.

1. Tipos de certificados

Los tres únicos tipos de certificados que se encuentran creados en la normativa del Poder Judicial son los siguientes:

-	Certificado de participación.
-	Certificado de aprovechamiento.
-	Certificado académico.

Sin embargo, para subsanar algunos aspectos relacionados con el reconocimiento a los(as) docentes externos(as) se crea una nueva figura:

-	Certificado de agradecimiento

Este tipo de certificado se otorgará a docentes externos del Poder Judicial. En el caso de los(as) docentes que pertenecen al Poder Judicial, podrán solicitar la certificación respectiva a la Secretaría de la Escuela, siempre y cuando corresponda a un número inferior de ocho horas y si es superior, se les otorgará el certificado académico en el cual se indicará las actividades en que participó y el total de horas de docencia.

2. Modalidades de actividades académicas

Para efectos de certificación es necesario conceptualizar las diferentes modalidades académicas que se desarrollan en la Escuela Judicial. Se pueden distinguir cuatro tipos de actividades académicas:

•	Conferencia: consiste en una charla expositiva, o un conjunto de estas, y exige la presencia en el lugar en que se ofrece o en los sitios remotos (en caso de las videoconferencias).

•	Taller: este tipo de actividad académica se caracteriza por tratar de obtener del conocimiento y experiencia de los(as) participantes un producto en particular, orientados por el(la) facilitador(a) o un grupo de ellos. El taller tiene como característica fundamental, que los(as) participantes son quienes aportan su conocimiento para el logro de algún producto.  Generalmente en un taller quienes aportan sus conocimientos y experiencia son los(as) participantes y en menor medida el coordinador del taller (el facilitador) .

•	Seminario: es una técnica de trabajo en grupo para el estudio intensivo por parte de los(as) participantes de un tema en sesiones planificadas, utilizando para ello diversas fuentes de información: libros, sentencias, audiovisuales, estadísticas, etc. Su característica esencial es que los(as) participantes deben investigar los temas asignados por el facilitador, los cuales abarcan los contenidos del curso, utilizando diversos recursos puestos a su disposición o que deben ser localizados por los(as) participantes.  Al finalizar su investigación, deben presentar los resultados ante el resto del grupo.  En esta forma de capacitación, el facilitador tiene poca participación exponiendo los contenidos; su labor se centra en dar asesoría durante el proceso y al finalizar la tarea investigativa.

•	Curso: conjunto de contenidos temáticos que se imparten en una determinada materia.  Los cursos teórico-prácticos son aquellos que combinan teoría y práctica; están bajo la responsabilidad del facilitador quien se encarga de exponer los contenidos y realizar diversas actividades para el logro del aprendizaje deseado. 

•	Es importante hacer la diferenciación entre programas y cursos independientes.  Los programas están constituidos por cursos, pero tienen como característica la unidad e interdependencia entre ellos para provocar un cambio integral en aquellos quienes lo aprueben. Los cursos independientes son aquellos que no pertenecen a ningún programa; generalmente se incluyen en los planes de trabajo de las diferentes unidades de capacitación que forman parte de la Escuela Judicial, aquellas cobijadas por la Ley de la Escuela Judicial y las que tienen su propia ley.

3. Requisitos para otorgar certificados 

De conformidad con lo indicado, las condiciones para otorgar certificados de acuerdo con la actividad académica, serán las establecidas en el siguiente cuadro:

Tipo de certificado	Modalidad de actividad académica	Requisitos	Duración mínima	
CERTIFICACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES:	
Participación
	
- Conferencia	Sin diseño curricular, ni evaluación de los aprendizajes	8 horas mínimo de horas presenciales. 	
	
- Taller

- Seminario

- Curso	Con diseño curricular

Sin evaluación sumativa de los aprendizajes.

	16 horas mínimo, promediadas entre horas intra y extraclase. 

Aprovechamiento
	- Taller

- Seminario

- Curso	Con diseño curricular 

Con evaluación sumativa de los aprendizajes

Se toman en cuenta las horas de planeamiento y trabajo intra y extraclase.	32 horas mínimo, promediadas entre horas intra y extraclase. 
Nota de aprobación mínima de 70. 	
CERTIFICACIÓN PARA LOS(AS) FACILITADORES(AS):	

Académico	

- Conferencia
	Se incluyen tanto las horas de duración de la charla, así como el tiempo dedicado al proceso de planificación. 	
8 horas mínimo 	
	
- Taller

- Seminario

- Curso
	
Igualmente se cuantifican las horas de planeamiento y el tiempo extra e intraclase invertido. 		

Agradecimiento
	
- Conferencia

- Taller

- Seminario

- Curso
	Facilitadores externos del Poder Judicial	No se indica número de horas 	

4. Reglas generales para el otorgamiento de certificados

A continuación, se enuncia una serie de reglas generales para aplicar de mejor manera las políticas de certificación propuestas anteriormente.

a)	Los diseños curriculares, sistema de evaluación, criterios de cuantificación de horas intra y extraclase, tareas y pruebas evaluativas deberán ser aprobados por el(la) coordinador(a) de la actividad académica y con el visto bueno de la especialista en educación; en caso de presentarse desaveniencia se acudirá a la Dirección de la Escuela.

b)	Los(as) participantes que no aprueben una actividad académica de aprovechamiento no podrán recibir ningún tipo de certificado. Si su promedio es superior de 60 y menor de 70 tendrá derecho a una sola prueba extraordinaria. Para obtener un certificado de aprovechamiento de un programa se deben haber aprobado todos los cursos que este incluye, a no ser de que en la macroprogramación se establezca lo contrario y esta salvedad sea avalada por el Consejo Directivo, con la debida fundamentación del (la) coordinador(a) y de la especialista en educación asignada.

c)	Los(as) participantes de una actividad académica de aprovechamiento o participación que no asistan a las clases presenciales, en el porcentaje mínimo permitido, no tendrán derecho a certificado y se reportará como reprobada. 

d)	El cálculo del reconocimiento de horas tanto para los(as) participantes como para el (la) docente deberá efectuarse mediante los siguientes criterios y tablas que favorecen el cálculo de horas. En caso de que el(la) especialista en contenido o docente se le otorgue permiso con goce de salario para las actividades académicas, no le serán reconocidas estas horas en el certificado.(Sujeto a aprobación del Consejo, previo estudio legal).

Criterios para el cálculo de horas al(la) participante en las modalidades a distancia y presencial:

•	Tiempo presencial (cantidad de lecciones impartidas en sesiones presenciales o tutorías, en el caso de la modalidad a distancia).
•	Elaboración de tareas o proyectos extraclase: el profesor asigna un tiempo aproximado de acuerdo con el tipo de tareas, trabajos, entre otros, y la especialista en Educación verifica que sea el adecuado.
•	Tiempo destinado para la lectura: también dependerá de la cantidad de lecturas que obligatoriamente se asignen. Para calcular este tiempo existen tablas que determinan el promedio del tiempo que una persona adulta puede destinar para x cantidad de palabras o páginas (lo que se hace es un cálculo, una aproximación).
•	Tiempo de estudio para exámenes, pruebas cortas, etc.
•	Otros que se estimen pertinentes.

Tabla para el cálculo total de las horas 
por ser reconocidas al(la) participante

CRITERIOS	
Número horas sesiones presenciales	Número horas tareas y proyectos extraclase	Número horas lectura obligatoria de textos	Número horas preparación para exámenes	Otros
(indicar)	TOTAL	

Los criterios para el cálculo de horas al(la) docente o tutor son los siguientes:

•	Tiempo presencial impartido.
•	Preparación de las lecciones.
•	Revisión de pruebas cortas, exámenes, trabajos extraclase (tareas, proyectos de investigación, etc.).  Para ello debe considerarse la cantidad de participantes previstos en el curso.
•	Tiempo para tutorías telefónicas o electrónicas (solo en el caso de la modalidad a distancia). También debe considerarse el número de participantes previsto.
•	Otros que se estime pertinentes.

Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al(la)facilitador(a) (curso presencial)

CRITERIOS	
Número horas impartidas	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Otros
(indicar)	TOTAL	

					

Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al(la) tutor(a) (curso a distancia)

CRITERIOS	
Número horas tutoría presencial	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Número horas tutoría telefónica y electrónica	Otros
(indicar)	TOTAL	

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La M.T.Ed.. Ingrid Bermúdez Vindas, la M.Sc. Sonia Méndez González, la Dra. Ana Tristán Sánchez, Profesionales en Métodos de Enseñanza en oficio EJ-ACAD-005-05 de fecha 29 de marzo de 2005 dicen:

“En sesión n.º 4 de este Consejo, específicamente en el acuerdo del artículo II, se solicita el criterio de las especialistas en educación, en relación con el cálculo de horas para el reconocimiento de los(as) facilitadores(as).

Para lo anterior, es necesario hacer alusión al documento de análisis de las políticas de certificación, específicamente a las páginas 7 y 8, en las cuales se detallan los criterios para determinar las horas por ser reconocidas y se presentan dos tablas: una de ellas atinente a una actividad académica con la modalidad presencial y la otra a la modalidad a distancia.

A continuación les presentamos la información referida:

Los criterios para el cálculo de horas al(la) docente o tutor son los siguientes:

•	Tiempo presencial impartido.
•	Preparación de las lecciones.
•	Revisión de pruebas cortas, exámenes, trabajos extraclase (tareas, proyectos de investigación, etc.).  Para ello debe considerarse la cantidad de participantes previstos en el curso.
•	Tiempo para tutorías telefónicas o electrónicas (solo en el caso de la modalidad a distancia). También debe considerarse el número de participantes previsto.
•	Otros que se estime pertinentes.

Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al(la)facilitador(a) (curso presencial)

CRITERIOS	
Número horas impartidas	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Otros
(indicar)	TOTAL	

					

Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al(la) tutor(a) (curso a distancia)

CRITERIOS	
Número horas tutoría presencial	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Número horas tutoría telefónica y electrónica	Otros
(indicar)	TOTAL	

Además, es importante tomar en cuenta la indicación de que el(la) coordinador(a) y la especialista en educación propondrán, conjuntamente, y en consulta con el(la) facilitador(a) las horas que se reconocerán, de acuerdo con el procedimiento anterior.” 
-0-

Los licenciados Gustavo Céspedes Chinchilla, Román Bresciani Quirós, Yadira Brizuela Guadamuz, Otto González Vílchez, Abogados de la Escuela Judicial en oficio EJ-UJ-119-2005 de fecha 25 de mayo de 2005 dicen:

“De conformidad con lo solicitado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en la sesión N° 4 del 16 de febrero de 2005, artículo II, les remitimos para su conocimiento el documento denominado, Análisis legal sobre el otorgamiento del certificado académico a los(as) funcionarios(as) Judiciales que cuentan con permiso con goce de salario para dar servicio en la Escuela Judicial como profesores(as), elaborado por los suscritos profesionales en Derecho de la Escuela Judicial.

	Asimismo, debemos indicar que nuestra compañera Alejandra Monge Arias, participó en la elaboración de este informe, pero no pudo firmar el presente oficio por encontrarse incapacitada.”
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“Análisis legal sobre el otorgamiento del certificado académico a los(as) funcionarios(as) Judiciales que cuentan con permiso con goce de salario para dar servicio en la Escuela Judicial como profesores(as)   

Alcances

El Consejo Directivo de la Escuela Judicial en la sesión N° 4 del 16 de febrero de 2005, artículo II, solicitó a los Profesionales en Derecho de la Escuela Judicial emitir criterio legal respecto de las implicaciones en el otorgamiento y validez de los certificados académicos que se otorguen en favor de los docentes que se encuentran disfrutando de un permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo a diseñar cursos, impartir lecciones y producir material didáctico en la Escuela Judicial. 

El Consejo Directivo solicita que este dictamen legal se emita con base en el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Respecto a esta solicitud, se debe indicar que el punto en cuestión se resuelve tomando en cuenta principalmente el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, Ley de Carrera Judicial (Estatuto de Servicio Judicial, Capítulo XIII), Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial y de manera muy general la recién promulgada Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, por lo que el presente estudio se suscribirá al análisis de esta normativa.

1.	Concepto y efectos del certificado académico de la Escuela Judicial

Es conveniente, previo al análisis de fondo, conceptuar qué se entiende por certificado académico de la Escuela Judicial y determinar sus efectos.

Un certificado puede definirse como el documento probatorio de que se ha cumplido exitosamente con los requisitos y exigencias estipuladas para una actividad de capacitación,  por lo que aplicando esta definición general, se puede conceptualizar el certificado académico como un documento probatorio de que el funcionario(a) cumplió exitosamente con la labor de impartir capacitación en una determinada actividad académica de la Escuela Judicial.

Los efectos que puede tener un certificado académico de la Escuela Judicial son de dos tipos:

-	Externos al Poder Judicial: se refiere al reconocimiento de la certificación académica fuera del Poder Judicial, por ejemplo, participación de un(a) funcionario(a) en concursos para optar por puestos en otras instituciones públicas o empresas privadas, presentación del certificado académico en los currículos vitae, entre otros.

-	Internos al Poder Judicial: se refiere a dos tipos de reconocimientos, el salarial y el de experiencia docente en el sistema de carrera judicial, que se analizarán en el próximo apartado.

De conformidad con la definición citada y estos dos efectos, es importante señalar que aunque un certificado académico, por las razones que se explicarán más adelante, no cuente con los reconocimientos internos del Poder Judicial, sí puede ser reconocido a nivel externo, por ello, es recomendable emitir el certificado académico siempre independientemente de los reconocimientos que este produzca. Asimismo, un certificado es un documento que prueba el cumplimiento satisfactorio de una determinada labor, si esta se cumple, el respectivo órgano debe emitir el certificado, los reconocimientos respectivos son un aspecto independiente y separado. Sin embargo, lo indicado no significa que la emisión del certificado no pueda realizarse limitando sus efectos o los reconocimientos que produzca, tema que será tratado más adelante en este estudio.           
   
2.	Análisis de los efectos internos del certificado académico otorgado a los profesores de la Escuela Judicial 

La certificación académica otorgada a los docentes de la Escuela Judicial tiene, como se indicó, dos tipos de reconocimientos a lo interno del Poder Judicial, son los siguientes:

-	Reconocimiento salarial: regulado en el Reglamento de Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, y consiste en el reconocimiento de puntos de carrera profesional que tienen valor económico o salarial.

-	Reconocimiento en el sistema de carrera judicial: regulado en la Ley de Carrera Judicial y en el Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial, y consiste en el reconocimiento de puntos por impartir lecciones, y además, tiene un valor en la calificación final del funcionario dentro de los concursos para optar por puestos en la judicatura.

A continuación, un análisis detallado de estos reconocimientos. 

2.1.	Reconocimiento Salarial (Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial)

El reconocimiento salarial por realizar la actividad docente se regula en el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, este tiene como objetivo el reconocer un incentivo económico a los funcionarios(as) que tengan como mínimo el grado académico de bachillerato universitario, con base en los siguientes factores de carrera profesional:

-	Grado académico.
-	Cursos de capacitación recibidos. 
-	La experiencia profesional. 
-	Las publicaciones. 
-	La experiencia docente en la Escuela Judicial. 
-	La experiencia en organismos internacionales. 
-	La responsabilidad por el ejercicio de la función judicial.

La finalidad primordial de esta normativa es reconocer el esfuerzo que los funcionarios judiciales realizan, otorgándoles un incentivo salarial si cumplen con las condiciones que indican los distintos factores de carrera profesional citados anteriormente.    

Precisamente, este reglamento reconoce en su artículo 11 la experiencia docente en la Escuela Judicial de la siguiente manera:

Artículo 11.-Los factores precipitados, para efecto de reconocimiento en la Carrera Profesional, se valorarán en puntos de la siguiente forma:

c) Participación como instructor en cursos:

-	Un punto por cada 24 horas (tope 20 puntos).

f) Experiencia docente:

-	Un punto por cada año lectivo (9 meses) de labor docente; hasta un máximo de 20 puntos. Se incluye aquí lo correspondiente a tutorías.

Asimismo, esta normativa en su artículo 31 regula en qué condiciones este reconocimiento por la labor docente no puede otorgarse al disponer: 

Artículo 31.-No percibirán lo correspondiente a horas instructor, docencia o publicaciones, quienes por la naturaleza de su trabajo, tales actividades se configuren como tareas propias del cargo, o bien, quienes reciban ya alguna retribución por estos conceptos.
 
Este artículo regula dos situaciones diversas que son las siguientes:

1.	No existirá reconocimiento salarial al profesor que por la naturaleza de su trabajo la actividad de docencia es parte de las labores de su puesto: este es el caso de los Profesionales en Derecho de la Escuela Judicial, especialistas en educación entre otros, que se encuentran nombrados en puestos que incluye como una de sus funciones el impartir capacitación.  

2.	No existirá reconocimiento salarial al profesor que ya reciba alguna retribución por realizar la actividad docente: este es el caso de los funcionarios judiciales que se les otorga permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo diseñar e impartir lecciones en la Escuela Judicial, ya que al estar fuera de sus funciones habituales, el salario que se les está pagando (durante el permiso) es precisamente para realizar funciones de docencia, por lo que el reconocimiento salarial no es posible.

Por lo expuesto, se concluye que no se le puede reconocer salarialmente el certificado académico a un funcionario(a) judicial que se le otorga permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo a diseñar cursos, impartir lecciones y producir material didáctico en la Escuela Judicial, debido a que el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial lo prohíbe de manera clara y precisa.

En consecuencia, en los casos de funcionarios(as) judiciales que disfruten de un permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo a diseñar cursos, impartir lecciones y producir material didáctico en la Escuela Judicial, lo aconsejable es emitirles el respectivo certificado académico. Asimismo, es recomendable que en la comunicación que la Escuela Judicial debe hacer al Departamento de Personal una vez finalizada la actividad académica, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional, se indique que el facilitador(a) o docente se encuentra  en alguno de los dos supuestos regulados en el artículo 31 del citado reglamento, con la finalidad no solo de informar adecuadamente la situación al Departamento de Personal, sino también, facilitar los datos  a efectos de que este realice los análisis de reconocimientos salariales de la mejor forma posible. 

2.2.	Reconocimiento en el sistema de carrera judicial (Ley de Carrera Judicial y Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial)

La Ley de Carrera Judicial y el Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial, también reconocen la experiencia docente en la Escuela Judicial, no desde el punto de vista salarial, sino como puntos en el sistema de calificación de los funcionarios que estén concursando para un puesto en la judicatura.

A criterio del Consejo de la Judicatura, no procede el reconocimiento del puntaje correspondiente a carrera judicial, en el caso de aquellos funcionarios que realizaron la labor docente en virtud del puesto desempeñado o función asignada. A esta altura resulta de importancia analizar el acuerdo tomado por dicho órgano en sesión Nº 4 del 8 de febrero de 2005, artículo III:

Considerando:
La Ley de Carrera Judicial establece en su artículo 74, el reconocimiento de la docencia universitaria para efectos de la calificación en puestos de Judicatura. Igualmente, se dice en el artículo 72 de la misma Ley que dentro de las atribuciones del Consejo de la Judicatura está el de determinar los componentes a evaluar, razón por la cual en los diferentes Sistemas Evaluativos se aprobó que la docencia universitaria se dividiera en un 50% para la enseñanza en centros universitarios y otro 50% como capacitador o instructor en la Escuela Judicial.

Por otro lado, para efectos de la "Carrera Profesional" el reconocimiento de la capacitación en la Escuela Judicial, es para aquellos profesores que no son funcionarios de este despacho, tal y como lo establece el artículo 31 del Reglamento de Carrera Profesional y el Manual Descriptivo del Puesto en donde se señala que para esos fines, no puede reconocerse puntaje alguno por cuanto como se indica, la función de impartir docencia, es inherente al puesto.

Lo anteriormente descrito, es igualmente aplicable para la Carrera Judicial, motivo por el cual,  en el caso de que la licenciada Ileana Guillén Rodríguez, hubiese presentado algún certificado académico que la acredita como docente en la Escuela Judicial,  mientras fue funcionaria de esa oficina; con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de Carrera Profesional, Manual Descriptivo de Puestos y disposiciones del Consejo de Personal, previamente señalados, lo procedente es no asignarle puntaje alguno al factor docencia del Sistema Evaluativo para la Carrera Judicial, en los puestos en que se encuentra elegible.

El doctor Alfredo Chirino Sánchez, se abstiene de votar, por ser el Director de la Escuela Judicial y lo que se resuelva podría beneficiarlo.

Por lo tanto, de acuerdo con el informe de la Unidad Interdisciplinaria y según lo dispuesto en el Manual Descriptivo de Puestos y el Artículo 31 del Reglamento de Carrera Profesional,  SE ACUERDA: Denegar el reconocimiento de puntaje por concepto de experiencia docente presentado por la licenciada Ileana Guillén Rodríguez, en el entendido de que no debe considerarse dicha  docencia mientras fue funcionaria de la Escuela Judicial, pues la capacitación es inherente al puesto.

El Consejo de la Judicatura toma este acuerdo basado en los siguientes fundamentos legales:

1.	Ley de Carrera Judicial: en su artículo 72 inciso 1, se le da competencia al Consejo de la Judicatura para determinar los componentes que se califican en cada concurso así como realizar la calificación correspondiente. Esta potestad de definir el sistema de calificación se debe guiar por lo estipulado en el artículo 74 que regula a nivel general los factores de calificación del sistema de carrera judicial (experiencia, antigüedad, cursos realizados, entre otros).

2.	Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial: el artículo 11 de este reglamento, establece lo siguiente:     

Artículo 11.—La calificación de los componentes evaluables dentro de los concursos que determine el Consejo se hará en forma ponderada. En cuanto a los grados y las condiciones académicas de los candidatos, lo mismo que en cuanto a los cursos de especialización y capacitación, publicaciones, experiencia profesional, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Capítulo V, del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en la Sesión celebrada el 18 de mayo de 1989.
  
Este artículo indica que los reconocimientos de puntajes en el sistema de carrera judicial se harán siguiendo las reglas contenidas en el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional, propiamente en el Capítulo V de dicho cuerpo legal. En otras palabras, el sistema de calificación de la carrera judicial utiliza de manera supletoria las disposiciones del sistema de calificación de la carrera profesional. En cuanto a los rubros, componentes o parámetros a considerar como indicadores objetivos dentro del concurso de antecedentes que promueve el artículo 66 de la Ley de Carrera Judicial.

3.	Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial: de este reglamento el Consejo de la Judicatura aplica el artículo 11 en lo que respecta a la manera de reconocer la experiencia docente en la Escuela Judicial y lo más importante para el presente estudio, considera que la prohibición establecida en el artículo 31 de este reglamento es también de aplicación en el sistema de carrera judicial.

De conformidad con lo indicado, el criterio del Consejo de la Judicatura al aplicar, supletoriamente, el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial dentro del sistema de carrera judicial, implica que cualquier actividad docente desplegada como parte de las funciones propias del puesto o asignadas al efecto, no puedan ser reconocidas dentro del concurso de antecedentes propios de la “Carrera Judicial”. 

A nuestro parecer, ese criterio jurídico posee ciertas inconsistencias que deben ser analizadas y consideradas por los órganos correspondientes.

2.2.1.	Análisis crítico del acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura respecto a la aplicación del artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial en el sistema de calificación de la carrera judicial

Si bien es cierto, corresponde al Consejo de la Judicatura ser el órgano regulador de la “Carrera Judicial” y consecuentemente regular lo referente a ella, consideramos oportuno realizar ciertas observaciones sobre el criterio jurídico indicado por el Consejo de la Judicatura en sesión Nº 4 del 8 de febrero de 2005, artículo III, toda vez que sus alcances afectan a un segmento de los funcionarios (as) judiciales que colaboran con la Escuela Judicial en la labor docente, por ello, esbozamos a continuación algunos criterios por los cuales, el acuerdo ya referido no es compartido por los suscritos abogados de la Escuela Judicial: 

1.	Diversa finalidad de la normativa que regula el sistema de carrera judicial del sistema de reconocimientos salariales o de carrera profesional. 

Un enfoque realista de la ciencia del Derecho nos conduce a interpretar las normas con base en la finalidad que estas persiguen. Este tipo de interpretación debe aplicarse en el presente caso, debido a que las normas que regulan el sistema de carrera judicial y el de carrera profesional tienen una finalidad distinta. 

Efectivamente, el sistema de carrera judicial se rige por la Ley de Carrera Judicial y el Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial, estas normas tienen la finalidad de regular los órganos encargados de tramitar los distintos concursos, los procedimientos de selección  y, un tema de vital importancia para este análisis, el sistema de calificación de antecedentes. Justamente, el sistema de calificación de los aspirantes a puestos de la judicatura tiene la finalidad de valorar condiciones de orden personal, laboral y académica a efectos de calificar si un determinado concursante es idóneo o no para ocupar un puesto en la judicatura. Esto puede apreciarse claramente en el artículo 74 de la Ley de Carrera Judicial, que dispone:

Artículo 74.—Los participantes serán examinados y calificados en relación con su experiencia y antigüedad en el puesto, así como el rendimiento, la capacidad demostrada y la calidad del servicio en los puestos anteriormente desempeñados, dentro y fuera del Poder Judicial; además en relación con los cursos realizados atinentes al puesto y de especialización, el tiempo de ejercicio en la enseñanza universitaria y las obras de investigación o de divulgación que hubieran publicado.

Se les harán, también, entrevistas personales y exámenes, que versarán sobre su personalidad, sus conocimientos en la especialidad y en la técnica judicial propia del puesto a que aspiren, sin perjuicio de ordenar las pruebas médicas y psicológicas que se estimen convenientes.

Esto significa, que lo que le interesa evaluar al sistema de carrera judicial es al  aspirante en relación con su experiencia profesional, madurez personal y desarrollo académico, no es la finalidad de este sistema valorar si una persona está en un determinado puesto, realiza una determinada función y por ello recibe una retribución económica.   

Por el contrario, el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, que rige el sistema de incentivos salariales para el personal profesional del Poder Judicial, tiene como finalidad regular aspectos eminentemente salariales, como puede apreciarse en su artículo 1 que dispone:

Artículo 1.-Se entiende por Carrera Profesional el reconocimiento de un incentivo económico, con base en el grado académico, cursos de capacitación, la experiencia profesional, las publicaciones, la labor docente en la Escuela Judicial, experiencia en organismos internacionales y la responsabilidad por el ejercicio de la función judicial, para los funcionarios y empleados que presten sus servicios en puestos que exijan como mínimo el bachillerato universitario. (El subrayado no es del original)

Precisamente, el artículo 31 de este reglamento tiene una clara finalidad de regular una situación de inadecuada retribución económica, debido a que prohíbe el reconocimiento salarial por la actividad docente, en un primer supuesto, de un funcionario(a) que por el puesto que ocupa ya recibe salario por realizar labores de capacitador (a) y, en un segundo supuesto, es el funcionario(a), que no ocupa un puesto en el que efectué actividades docentes, pero que realiza labores de facilitador(a) en la Escuela Judicial y por ese concepto recibe una retribución de carácter económico. En síntesis, este artículo lo que pretende evitar es que una persona reciba doble retribución económica por realizar una sola labor de carácter docente.

De conformidad con lo explicado, consideramos que el criterio emitido por el Consejo de la Judicatura al aplicar, supletoriamente, las prohibiciones establecidas en el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional al sistema de carrera judicial es incorrecto, ya que esta norma tiene la finalidad de regular aspectos de índole salarial que son incompatibles con las finalidades del sistema de carrera judicial de valorar las condiciones personales, laborales y académicas de los aspirantes a la judicatura.  
     
2.	Inadecuada aplicación supletoria de normas: como se explicó anteriormente, el sistema de carrera judicial y de carrera profesional tienen finalidades distintas, pero el artículo 11 del Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial, establece lo siguiente:

Artículo 11.—La calificación de los componentes evaluables dentro de los concursos que determine el Consejo se hará en forma ponderada. En cuanto a los grados y las condiciones académicas de los candidatos, lo mismo que en cuanto a los cursos de especialización y capacitación, publicaciones, experiencia profesional, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Capítulo V, del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en la Sesión celebrada el 18 de mayo de 1989. (El subrayado no es del original)

Como se observa de lo subrayado, el Reglamento para el Reconocimiento de Carrera Profesional se aplicará en lo pertinente al sistema de carrera judicial, esto significa que el indicado reglamento, propiamente en su capítulo V, se utilizará de manera supletoria, siempre y cuando sus normas sean complementarias con la finalidad de la Ley de Carrera Judicial y del Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial.

Precisamente, el criterio del Consejo de la Judicatura de aplicar el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, contemplado en el capítulo VI de éste, en el sistema de carrera judicial es incorrecto, ya que este artículo no es complementario, como se explicó, con la finalidad de la carrera judicial por lo que no es “pertinente”. En consecuencia, consideramos que en el presente caso existe una inadecuada aplicación supletoria de normas.    

3.	Aparente laguna normativa del sistema de carrera judicial que se interpreta en perjuicio de los concursantes.

Se podría tender a interpretar que si el sistema de calificación de la carrera judicial no contiene una disposición expresa que prohíba el reconocimiento de puntos por experiencia docente de funcionarios(a) que ocupan un puesto en el que sea inherente el capacitar o de funcionarios(as) que reciban una retribución económica por impartir lecciones en la Escuela Judicial, estaríamos en presencia de una laguna de la normativa que regula la carrera judicial. De ser así, el criterio del Consejo de la Judicatura vino a llenarla siguiendo una interpretación restrictiva de los derechos de los concursantes. 

En opinión de los suscritos, de existir esta laguna normativa debería llenarse con una interpretación que favorezca a los concursantes de conformidad con lo siguiente: 

•	El artículo 83 del Estatuto de Servicio Judicial dispone: 

Artículo 83.—Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos se resolverán de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de Trabajo, los principios generales del Servicio Civil, las leyes y principios de derecho común, la equidad, la costumbre y los usos locales.
   
Esta norma autoriza a interpretar el Estatuto de Servicio Judicial según lo previsto en el Código de Trabajo.

•	Justamente, se puede aplicar en este caso el artículo 17 del Código de Trabajo que indica:
ARTICULO 17.- Para los efectos de interpretar el presente Código, sus Reglamentos y sus leyes conexas, se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores y la conveniencia social.
Este artículo establece el principio in dubio pro operario, que nuestra jurisprudencia lo entiende de la siguiente manera:

Uno de los principios clásicos lo constituye el denominado principio protector, contentivo de tres reglas específicas: la del in dubio pro operario, la regla de la norma más favorable y la de la condición más beneficiosa.  El recurrente invoca la aplicación de la primera regla citada; pues, como se apuntó, sostiene que existió una situación de duda, que ha de beneficiar a su representado.  No obstante, tal y como lo dejó claramente establecido el órgano de alzada, el significado que se le ha dado a esta específica regla implica que “en caso de que una norma se pueda entender de varias maneras, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador.” (PLA RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, tercera edición, 1.998, pp. 84-85) 

Aplicando el citado principio al presente asunto, se debe indicar que la laguna existente en el sistema de carrera judicial es recomendable que se interprete en favor de los concursantes. En consecuencia, estos tienen derecho a que se les reconozca la experiencia docente en la Escuela Judicial independientemente de que ocupen un puesto en que tengan como función el brindar capacitación o de ser funcionarios que reciban retribución económica por llevar a cabo labores docentes dentro de la Escuela Judicial.

De conformidad con lo indicado, es recomendable que el Consejo Directivo, si a bien lo tiene, solicite al Consejo de la Judicatura una reconsideración del criterio externado por este último órgano, debido a que es conveniente que se analice esta situación tomando en cuenta las consideraciones indicadas en el presente informe y resguardando los derechos de los aspirantes a ingresar al sistema de carrera judicial.   

3.	Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública

Como se analizó anteriormente en este estudio, el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial en su artículo 31 es claro en negar el reconocimiento salarial por la labor docente en la Escuela Judicial, en los casos de funcionarios(as) que ocupen puestos en los cuales capacitar sea parte de sus funciones, o de los servidores judiciales que reciban una retribución económica por brindar capacitación. Precisamente, la nueva Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública viene a ratificar lo que la normativa interna del Poder Judicial ya ha prohibido, al establecer en los artículos 16 y 17 párrafo primero, lo siguiente:

Artículo 16.—Prohibición de percibir compensaciones salariales. Los servidores públicos solo podrán percibir las retribuciones o los beneficios contemplados en el Régimen de Derecho Público propio de su relación de servicio y debidamente presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe percibir cualquier otro emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de estas, en el país o fuera de él. 

Artículo 17.—Desempeño simultáneo de cargos públicos. Ninguna persona podrá desempeñar, simultáneamente, en los órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un cargo remunerado salarialmente.       

Estos artículos tienen la finalidad de prohibir a los funcionarios(as) públicos recibir doble compensación económica por realizar las funciones propias del cargo o de los servicios que prestan en la administración pública, siendo esta la misma finalidad del artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Judicial en el Poder Judicial.  

Conclusiones y Recomendaciones

De lo explicado en este estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1.	El certificado académico de la Escuela Judicial se define como el documento probatorio de que un facilitador cumplió exitosamente la labor docente en una actividad académica de la Escuela Judicial.

2.	Los certificados en general tienen dos efectos; internos y externos al Poder Judicial.

3.	El certificado académico al ser un documento que prueba que un funcionario cumplió con su labor docente en la Escuela Judicial, debe ser emitido, independientemente de los reconocimientos que este produzca.

4.	Los funcionarios judiciales que ocupen un puesto en el que capacitar sea parte de sus funciones o que se encuentren disfrutando de un permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo a diseñar cursos, impartir capacitación y producir material didáctico en la Escuela Judicial, no se les puede reconocer salarialmente el certificado académico de conformidad con el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional. Por lo tanto, se recomienda en estos casos emitir el respectivo certificado académico e informar al Departamento de Personal, por medio de la comunicación que la Escuela Judicial debe efectuar a esta dependencia de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional, de que el facilitador o docente de una determinada actividad de capacitación se encuentra en alguno de los dos supuestos regulados en el artículo 31 del citado reglamento.

5.	La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública viene a confirmar la prohibición establecida en el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial. 

6.	El criterio del Consejo de la Judicatura de aplicar las prohibiciones establecidas en el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, al sistema de carrera judicial es incorrecto, debido a la distinta finalidad de los sistemas de carrera profesional y judicial, una inadecuada aplicación supletoria de normas y una laguna legal que es interpretada en perjuicio de los concursantes, por los que se recomienda al Consejo Directivo de la Escuela Judicial solicitar una reconsideración al acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura en sesión Nº 4 del 8 de febrero de 2005, artículo III, a efectos de que se consideren los argumentos explicados en este informe y se procure resguardar adecuadamente los derechos de los concursantes en el sistema de carrera judicial.

Bibliografía 

-  Ley de Carrera Judicial; Nº 7338 del 5 de mayo de 1993.
-  Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; Nº 8422 de
             octubre de 2004.
          -  Código de Trabajo; Investigaciones Jurídicas; junio de 2002.
          -  Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial; del 23 de
              abril de 1999.
          -  Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial; del 7 de julio de 1994.
          - Manual de Procedimientos para el Reconocimiento de Actividades de Capacitación; Normativa del           
            SUCADES; Dirección General de Servicio Civil; CECADES; San José, 2003.  
- Consejo de la Judicatura; sesión Nº 4 del 8 de febrero de 2005, artículo III.
- SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; Voto N° 00723-2004:  de las nueve horas veinticinco minutos del primero de setiembre del dos mil cuatro.”
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Se recibe a los licenciados Otto González Vílchez, Gustavo Céspedes Chinchilla, Abogados y a la M.T.Ed.  Ingrid Bermúdez Vindas, Especialista en Educación de la Escuela Judicial, que explican los informes presentados.

La Mag. Calzada manifiesta que no está de acuerdo que se le emita  un certificado académico cuando las personas tienen permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo a diseñar cursos, impartir capacitación y producir materiales didácticos en la Escuela Judicial y previo a resolver solicita a los miembros de este Consejo que analicen los documentos anteriores para la próxima sesión.

SE ACUERDA:  Previo a resolver, solicitar a los miembros del Consejo Directivo de la Escuela que analicen los documentos anteriores para la  próxima sesión y que la Secretaría de la Escuela remita el oficio EJ-ACAD-006-2005 con los cambios que se realizaron en rojo y el acuerdo de la Judicatura que se menciona.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO IX

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio EJ-CAP-162-2005 de fecha 28 de abril de 2005 dice:

“Para su estimable conocimiento y lo que tenga a bien resolver, me permito remitirle la nota de fecha 18 de abril, suscita por el señor Héctor Aguirre Aguirre, Investigador de la Delegación regional del Organismo de Investigación Judicial en Liberia, en la que solicita que se le autorice a realizar nuevamente el Programa de Capacitación de Campo (PCac) el cual ha reprobado en dos ocasiones, según fue comunicado al Departamento de Personal mediante el oficio EJ-CAP-395-03 del 28 de noviembre de ese mismo año.

No omito manifestarle, que la aprobación del Pcac es requisito para ser incluido en las nóminas para nombramiento en propiedad.”
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Se recibe al Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J. y se refiere ampliamente al caso del señor Aguirre y presenta la documentación que se ha gestionado sobre el asunto.  También se refiere a los problemas que se están presentando con  los reportes bimestrales que deben remitir los encargados de supervisar y evaluar la capacitación de campo.

SE ACUERDA:  Autorizar al señor Héctor Aguirre Aguirre, Investigador de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial en Liberia para que realice nuevamente el Programa de Capacitación de Campo (Pcac) y recomendar  a la Dirección del Organismo de Investigación Judicial que autorice lo que corresponda para que la práctica de campo sea evaluada por otras personas  de otra  Delegación y  que la supervisión sea efectiva.  Se comisiona al Lic. Martín Matamoros Mora para que coordine lo que corresponda.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO X

Se conoce el correo electrónico remitido por el Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del OIJ adscrita a la Escuela Judicial, en el que comunicó la posición de la Dirección General del Organismo de Investigación en el caso de los participantes del Programa de Capacitación de Campo que no han aprobado ese Programa, por inobservancias o errores en la supervisión, no atribuibles a los evaluados, en el que se indica que, la jefatura de despacho deberá asumir la responsabilidad de emitir un oficio en el que verifique, evalúe y califique todos los aspectos y alcances que comprenden el Pcac y cualquiera otro criterio, se entenderá dentro de la responsabilidad de la jefatura.
Asimismo, se conoce la consulta del Lic. Matamoros Mora, en cuanto a la cantidad de horas que deben certificarse, en caso de aprobarse el procedimiento que sugiere la Dirección General del O.I.J.

Al respecto, luego de escuchar el informe verbal del Lic. Martín Matamoros Mora sobre la situación general del Programa de Capacitación de Campo y particularmente de los casos a que se refiere la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, ha quedado claro que en esos casos de excepción,  han existido deficiencias por parte de los supervisores y sus respectivas jefaturas en la supervisión y en la confección  de los formularios utilizados en este programa, no atribuibles  al evaluado.

SE ACUERDA: Que de manera excepcional y solo para los casos existentes en la actualidad, para no causar perjuicio a los nuevos investigadores que se encuentran en esta situación,  si el Jefe inmediato del investigador remite la evaluación en la forma que indica la Dirección General del O.I.J., se tendrá por aprobado el Pcac, el cual se certificará por la cantidad de horas establecida. A la vez, se le solicita a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, girar las instrucciones que corresponda, para que las Jefaturas asuman con más responsabilidad su deber de vigilancia sobre los supervisores de nuevos investigadores, con el fin de que situaciones como las que nos ocupa no se repitan en el futuro. 

ARTICULO XI

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio EJ-CASP-223-2005 de fecha 16 de junio del año en curso dice:

“Los participantes del Programa Básico de Formación en Investigación Criminal,  señores Henry Ugalde Muñoz y Carlos Zúñiga Gutiérrez, quienes reprobaron la materia de Acondicionamiento Físico, presentaron una apelación contra el examen extraordinario que les fue aplicado por el Instructor Policial Lic. Víctor Hidalgo García.

Debido a que la apelación versa sobre la metodología de evaluación, le solicito trasladar el análisis de la apelación a las especialistas en educación de la Escuela Judicial que usted designe, para contar con el criterio técnico correspondiente.

Para esos efectos, adjunto le remito el original de la apelación planteada, así como el informe rendido por el Lic. Víctor Hidalgo García y el registro de notas finales de la materia de Acondicionamiento Físico.

No omito manifestarle, que el Programa Básico de Formación en Investigación Criminal finalizará el 1 de julio próximo.”
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Los señores Henry Ugalde Muñoz y Carlos Zúñiga Gutiérrez, en oficio  de fecha 14 de junio de 2005 dicen:

“La presente es para saludarlo y a la vez hacerle formal la apelación de la nota del curso de Acondicionamiento Físico.

El examen de evaluación de dicha materia se realizó el día 13 de junio de 2005, el cual los suscritos reprobamos:  el mismo esta compuesto por cuatro pruebas de las cuales se obtiene la calificación final sacando un promedio de la nota obtenida en cada una de éstas ya sea por cantidad de ejercicios realizados o por tiempo obtenido y basándose en unas tablas, las cuales según la edad determinan el resultado final de cada prueba.  Las pruebas antes mencionadas son: “Pechadas” (máxima cantidad que se pueda hacer en un tiempo de dos minutos), “Abdominales” (máxima cantidad que se pueda hacer en un tiempo de dos minutos), “Las dos millas” (determinar en cuanto tiempo la persona puede correr una distancia de dos millas) y “Piques” (se basan en ver que distancia puede recorrer la persona en 40 segundos).

El examen extraordinario para este curso se realizó el 16 de mayo de 2005 por acuerdo mutuo entre el profesor y alumnos con el fin de no verse afectada con contra tiempos el cierre del curso y la graduación de conclusión del mismo.  Dicha prueba consistía en “Darle veintidós vueltas” a la pista de atletismo del polideportivo de Aranjuez en un tiempo no mayor de los 45 minutos y de la cual obtuvimos un resultado positivo.

Nuestra apelación se basa en que dicha prueba extraordinaria, según  metodología de evaluación del profesor, es valida solo para una prueba de las cuatro que conforman el examen final y no para aplicar a la nota de aprobación del mismo curso como es debido en todo examen extraordinario, en el cual en nuestro caso fue aplicado el resultado solo a la prueba de “Las 2 millas”.

Entendiéndose que la nota final del examen de Acondicionamiento Físico es el promedio de los resultados de las cuatro pruebas que lo conforman y por lo tanto éstas cuatro pruebas actúan como un todo para la obtención de dicho resultado, no es razonable aplicar la nota obtenida en el examen extraordinario a solo una de las cuatro pruebas realizadas el día de ayer.

Se aclara que no existía conocimiento de nuestra parte acerca de los criterios o metodologías a utilizar para la evaluación final, y por lo tanto hasta el momento de recibir promedios nos enteramos de la manera de evaluar que consiste en unas tablas que usa el profesor para sacar la nota de las diferentes pruebas las cuales están solamente estructuradas en base a edades, dejando de lado, el peso corporal y talla de cada alumno, el cual es un factor de gran relevancia en el rendimiento físico que pueda dar cada persona que asista a dicho curso.  Por lo tanto desconocíamos los parámetros mínimos a alcanzar individualmente (debido a que se basaba en edades) para superar cada una de las cuatro pruebas de la evaluación final.
Todo lo anterior se resume a que solicitamos, que se nos aplique el resultado aprobado del examen extraordinario como la nota final del curso.

Fudamentamos nuestra apelación en los artículo 20(inciso C), 23 y 25 del Reglamento de la Escuela Judicial (capítulo VI, plan de estudios).

Sin otro particular y esperando su pronta resolución se suscriben atentamente.”
-0-
La M.T.Ed. Ingrid Bermúdez Vindas, Profesional en Métodos de Enseñanza de la Escuela Judicial  en oficio EJ-ACAD-918-2005 de fecha 19 de junio de 2005 dice:

“Después de analizar la apelación presentada por la reprobación del curso de Acondicionamiento Físico de los estudiantes Henry Ugalde Muñoz y Carlos Zúñiga Gutiérrez, la solicitud expresa del Lic. Martín Matamoros Mora en relación con la solicitud de criterio metodológico y los argumentos del docente Lic. Víctor Hidalgo, le expongo, a continuación, mis criterios.

Análisis de la situación

Después de leer los informes y de realizar entrevistas, describo sucintamente algunos aspectos de interés relacionados con el curso de Acondicionamiento Físico:
•	La evaluación del curso consiste en el promedio de cuatro pruebas físicas.
•	El examen ordinario del curso se efectuó el 13 de junio.
•	El examen extraordinario se efectuó el 16 de mayo (casi un mes antes que el ordinario).
•	Todos los estudiantes del Programa Básico realizaron el examen extraordinario.
•	Todos los estudiantes aprobaron el examen extraordinario.
•	El examen extraordinario no comprendió la totalidad de los contenidos del curso, sino solo una cuarta parte de ellos, por lo tanto, el docente sustituyó la calificación por la prueba en la que se obtuvo una calificación más baja.
•	No se entregó, al inicio, programa del curso, en forma escrita, en el que, además de otros aspectos, se detallara el sistema de evaluación.

Conclusiones 
Luego del análisis de los aspectos anteriores, se concluye lo siguiente:
•	Es necesario que en todos los cursos que incluye el Programa Básico, se entregue el primer día de lecciones, el programa con el desglose de la evaluación.
•	El examen extraordinario siempre se aplica una vez finalizado el curso y debe comprender la totalidad de contenidos de este.
•	No todos los estudiantes realizan la prueba extraordinaria sino solo aquellos que reprueban el curso.
•	Quienes obtengan un 70 o una nota superior aprueban el curso con la nota mínima (70).

Recomendaciones

Finalizado el análisis se recomienda:
•	Aplicar una prueba extraordinaria a los estudiantes que reprobaron el curso, debido a las características y las circunstancias de la prueba extraordinaria anterior. En el entendido de que esta debe comprender todos los contenidos del curso y si los estudiantes obtienen un 70 o más se les consignará la nota mínima de aprobación.
•	Realizar una revisión del sistema de evaluación de este curso por parte de la especialista en Educación asignada.”
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SE ACUERDA: Acoger las recomendaciones hechas en el informe EJ-ACAD-018-2005 suscrito  por la  M.T.Ed. Ingrid Bermúdez Vindas, Profesional en Métodos de Enseñanza y se autoriza la aplicación de la prueba extraordinaria de Acondicionamiento Físico a los señores Henry Ugalde Muñoz y Carlos Zúñiga Gutiérrez.  Se comisiona a la M.T.Ed. Bermúdez Vindas para que diseñe la prueba a aplicar, en conjunto con el Lic. Víctor Ml. Hidalgo García, Instructor  del O.I.J.,  y participe como testigo a la hora de su aplicación.  ACUERDO FIRME.
 
ARTICULO  XII

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio EJ-CAP-202-2005 de fecha 1 de junio dice:

“Adjunto me permito remitirle el expediente de tramite de ingreso del señor Marco A. Seravalli González, cédula 1-586-771, funcionario de la Dirección de Investigación Especializada D.I.E., al Programa Básico de Formación en Investigación Criminal, en el que se incluye la documentación presentada por el interesado como: Hoja de matricula, certificado médico privado, certificado de examen psicológico privado, fotocopias del título de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada en Ciencias y Letras,  informe positivo de la investigación de antecedentes elaborada por la Unidad de Investigación de Antecedentes del O.I.J., y otros documentos de interés. 

       Lo anterior para que el Consejo Directivo resuelva lo que corresponda en cuanto a la  autorización para que el señor Marco A. Seravalli González participe en el Programa Básico de Formación en Investigación Criminal que iniciará el 4 de julio del año en curso.”
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SE ACUERDA: 1) Aprobar la participación del señor Marco A. Seravalli González, cédula 1-586-771 funcionario de la Dirección de Investigación Especializada  D.I.E.,  del Ministerio de Seguridad Pública, en el Programa Básico de Formación en Investigación Criminal que iniciará el 4 de julio de 2005.   
2) Comunicar al Departamento de Personal que en caso de que el señor Seravalli en un futuro desee ingresar al Organismo de Investigación Judicial deberá cumplir con todos los requisitos previos que se exigen para el cargo de Investigador (exámenes psicológicos, entrevista etc.).
Su participación en el Programa Básico no le da derecho a ser nombrado en el O.I.J., si no ha aprobado el proceso de reclutamiento y selección correspondiente.  
3) Comunicar al Consejo Superior para el trámite correspondiente e informar que la participación del señor Seravalli se aprobó con la condición de que el cuerpo de policía (D.I.E.) del Ministerio de Seguridad Pública al que pertenece debe hacerse responsable de las pólizas de seguro que corresponda en caso de accidente o enfermedad,  ya que el Poder Judicial no puede asumir dicha responsabilidad. Remitir el acuerdo anterior para conocimiento del Lic. Paul Chaves C., Director de la Dirección de Investigación Especializada D.I.E., del Ministerio de Seguridad Pública.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO XIII

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio EJ-CAP-212-2005 de fecha 7 de junio dice:

“Adjunto me permito remitirle el expediente de tramite de ingreso del señor Juan Carlos Aguilar Valverde, cédula 3-312-572 funcionario de la Unidad Especial de Intervención al Programa Básico de Formación en Investigación Criminal, en el que se incluye la documentación presentada por el interesado como: Hoja de matricula, certificado médico privado, certificado de examen psicológico privado, fotocopias del título de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada en Ciencias,  informe positivo de la investigación de antecedentes elaborada por la Unidad de Investigación de Antecedentes del O.I.J., y otros documentos de interés. 

       Lo anterior para que el Consejo Directivo resuelva lo que corresponda en cuanto a la  autorización para que el señor Juan Carlos Aguilar Valverde participe en el Programa Básico de Formación en Investigación Criminal que iniciará el 4 de julio del año en curso.”
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SE ACUERDA: SE ACUERDA: 1) Aprobar la participación del señor Juan Carlos Aguilar Valverde, cédula 3-312-572 funcionario de la Unidad Especial de Intervención  U.E.I ,  del Ministerio de la Presidencia, en el Programa Básico de Formación en Investigación Criminal que iniciará el 4 de julio de 2005.   
2) Comunicar al Departamento de Personal que en caso de que el señor Aguilar en un futuro desee ingresar al Organismo de Investigación Judicial deberá cumplir con todos los requisitos previos que se exigen para el cargo de Investigador (exámenes psicológicos, entrevista etc.).
Su participación en el Programa Básico no le da derecho a ser nombrado en el O.I.J., si no ha aprobado el proceso de reclutamiento y selección correspondiente.  
3) Comunicar al Consejo Superior para el trámite correspondiente e informar que la participación del señor Aguilar se aprobó con la condición de que el cuerpo de policía (U.E.I.) del Ministerio de la Presidencia al que pertenece debe hacerse responsable de las pólizas de seguro que corresponda en caso de accidente o enfermedad,  ya que el Poder Judicial no puede asumir dicha responsabilidad. Remitir el acuerdo anterior para conocimiento del señor Carlos Brenes Araya, Jefe Departamento de Capacitación, del Ministerio de la Presidencia.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO XIV

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio EJ-CAP-210-2005 de fecha 7 de junio dice:

De conformidad con el acuerdo del Consejo Superior en la Sesión n°20-05 del 17 de marzo del año en curso artículos LXIX y LXX fue aprobado la realización de los Cursos de Participación denominados CURSO BASICO DE ANALISIS CRIMINAL, dirigido a jefes de unidades policiales y con una duración de dieciséis (16) horas. Debido a que por enfermedad o por su participación en capacitación fuera del país, algunos jefes no pudieron asistir en las fechas que fueron convocados.  
 
            Es por tal motivo, que respetuosamente me permito solicitar a ese honorable Consejo Directivo, se sirva otorgar la aprobación para ofrecer el Curso Básico de Análisis Criminal, a esas jefaturas del Organismo de Investigación Judicial que por los motivos señalados no recibieron la capacitación en las fechas en que estaban convocados.  De aprobarse,  el curso se realizará en el Laboratorio de la Escuela Judicial los días 08 y 09 de agosto del año en curso de las 07:30 a las 16:30 horas.

             A continuación se detalla la lista de los participantes y docentes para su debida aprobación y comunicación al Consejo Superior para que se otorguen las licencias con goce de salario, aprobación de pago de transporte, viáticos o ayuda económicos según corresponda.  No es necesaria la sustitución de lo participantes ni de los facilitadores.

PARTICIPANTE	CÉDULA	OFICINA	
1.	Aviléz Flores Marvin Francisco	6-217-914	Secuestros, Sección Delitos Varios	
2.	Bolaños Bolaños Ricardo	1-598-305	Delegación Regional en Pérez Zeledón	
3.	Cabezas Pravia Manuel Fco.	1-547-695	Sección de Homicidios	
4.	Calderón Gómez Jorge Antonio	1-476-881	Unidad de Robo de Vehículos	
5.	Herrera Solís Carlos Humberto	1-837-484	Sección Delitos Varios	
6.	Monge Fallas José María	1-530-803	Sección Delitos Sexuales	
7.	Montero Navarro Donald	3-209-283	Sección Inspecciones Oculares	
8.	Rueda Rincón Nieves	8-048-178	Delegación Regional en San Carlos	
9.	Soto Rojas Michael Mauricio	1-995-438	Sección Delitos Varios	

INSTRUCTORES. 

PROFESOR	CEDULA	HORAS	OFICINA	
Corrales Ugalde Orlando	6-233-648	02	Planes y Operaciones	
Gamboa Dormond Cristian	3-329-104	04	Planes y Operaciones	
Navarro Rojas Carlos Alberto	3-228-467	04	Planes y Operaciones	
Rodríguez Zumbado Diego	4-145-378	04	Planes y Operaciones	
Wong Carrión Oscar	1-808-959	02	Planes y Operaciones	

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SE ACUERDA: Aprobar el Curso Básico de Análisis Criminal, a realizar los días 8 y 9 de agosto de 2005 de 7:30 a las 16:30 horas.  Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de permiso con goce de salario sin sustitución para los participantes y docentes y aprobación de pago de transporte, viáticos o ayuda económica según corresponda. ACUERDO FIRME.

ARTICULO XV

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio EJ-CAP-219-2005 de fecha 13 de junio de 2005 dice:

“En sesión # 21 del 01 de diciembre del 2004. Articulo IX, los miembros de ese Consejo acordaron autorizar al señor Juan José Leiva López, estudiante del XLIX Programa Básico de Formación en Investigación Criminal, para que repitieran la materia de Acondicionamiento Físico, misma que reprobó.

	Es por lo anterior que me permito informarles que el señor Leiva López repitió la materia de Acondicionamiento Físico, en el actual Programa Básico, aprobando esta materia con el siguiente resultado:

NOMBRE	CALIFICACIÓN	
Juan José Leiva López	70	

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SE ACUERDA: Tomar nota.

ARTICULO XVI

El señor Francisco Paniagua Rodríguez, Prosecretario General Interino, en oficio N°5186-05 de fecha 16 de junio del 2005 dice:

“Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión Nº 38-05 celebrada el 19 de mayo del 2005, que literalmente dice:

“ARTÍCULO XLVIII

	El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° 97-CD/EJ-05 de 11 de mayo en curso, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en sesión N° 12 celebrada el 11 de este mes, artículo IV, que en lo conducente dice:

“[…]
El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial  presenta el siguiente informe:
“INFORME  SOBRE EL PAPEL QUE CUMPLE LA ESCUELA JUDICIAL RESPECTO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO
1.   ANTECEDENTES.
En sesión # 10-05, celebrada el 15 de febrero de 2005, propiamente en su artículo XII, el Consejo Superior acordó, en lo que interesa:
“ (..)
2) Solicitar al Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en el término de 15 días a partir del recibo de este acuerdo, pronunciamiento en cuanto al papel que cumple la Escuela Judicial respecto a los cursos de capacitación para el personal (profesional y no profesional) del ámbito administrativo, en consideración a lo analizado en reunión de este órgano con ese Consejo Directivo al respecto.
(...) Se declara firme este acuerdo”
2.	Información recopilada.
Al efecto se solicitó información al Lic. Román Bresciani Quirós, abogado de esta Escuela y coordinador de enlace con el Área de capacitación del Departamento de Personal. En ese sentido el Lic. Bresciani informó lo siguiente:
“Hasta el año de 2004, los cursos de capacitación del área administrativa eran coordinados y ejecutados por parte de la Comisión de Capacitación para el Área Administrativa, la cual estaba integrada en parte por dos funcionarios(as) de la Escuela Judicial, razón por la cual constantemente ésta recibía colaboración de la Escuela Judicial, cuyas actividades en forma general se detallan en anexo adjunto.
Es importante destacar que a partir del año 2005, las actividades académicas que eran coordinadas por la Comisión de Capacitación para el Área Administrativa, fueron asumidas por la  Unidad de Capacitación -Desarrollo Humano, Departamento de  Personal - Gestión Humana.
Durante el año 2005, las actividades académicas que en las que dicha Unidad requirió de la participación de la Escuela Judicial, tanto en aspectos administrativos como de asesoría curricular, se vieron sumamente limitadas, por factores totalmente ajenos a la Escuela Judicial y por ende atinentes a la Unidad en mención. 
Sin embargo, es importante destacar que algunas o buena parte de las actividades que la Escuela Judicial pudiera coordinar con la Unidad de Capacitación -Desarrollo Humano, Departamento de  Personal - Gestión Humana, se realizarían en concordancia con lo que ésta así requiera y que sean competencia de la Escuela Judicial.”
Por su parte el Lic. Mauricio Quirós Álvarez, Jefe de Desarrollo Humano, al respecto señaló a esta Escuela:
“Es importante considerar que las actividades que desarrolla este Departamento están sustentadas en el rediseño de procesos y la estructura organizativa que al efecto aprobó el Consejo Superior en la sesión del 24 de octubre del 2002, como medio de garantizar en adelante una visión enfocada hacia el crecimiento individual del servidor judicial, pretendiendo con ello  la mejora de sus condiciones sociolaborales y de calidad de vida; aspectos que a su vez serán generadores de beneficios institucionales, debido a que propiciarán una mejora en la relación del empleado judicial con la institución, así como el fomento de una cultura organizacional dirigida al cumplimiento de la visión y los valores institucionales.
De acuerdo a lo analizado nuestra actividad se centra en cuatro grandes pilares:  
1. 	Capacitación brindada por el Instituto Nacional de Aprendizaje.
2. 	Capacitación que es controlada mediante los recursos disponibles en la subpartida 603.
3. 	Capacitación variada con facilitadores institucionales.
4.	Desarrollo de los grandes proyectos de orden institucional.
Según lo comentado, este departamento coordina lo relativo a las revisiones de diseños curriculares que se construyen en este Departamento y la emisión de los respectivos certificados, con los responsables que al efecto ha dispuesto la Escuela Judicial, y sólo para la capacitación que se ha indicado en el punto 3. “Capacitación variada con facilitadores institucionales”.
Es importante acotar que este Departamento es el responsable de cumplir con todo el proceso que demanda la capacitación, desde la detección de necesidades hasta el control y registro de orden administrativo que garantizan la formalidad y la técnica para las  capacitaciones señaladas en los puntos 1 y 2, y  el desarrollo de los proyectos de orden institucional indicados en el punto 4.
Es importante aquí señalar que los cursos que imparte el I.N.A. y los contratados con fondos de la subpartida 603 cuentan con todo el protocolo del diseño curricular, el cual es respaldado por los emisores de la capacitación.”
Del informe anual de labores 2004 “Subproceso, gestión de la Capacitación”, se extrae la estructuración del Área de Capacitación del Departamento de Personal:
“Estructuración del Área de Capacitación del Departamento de Personal: en este apartado resaltan los siguientes logros:
Puestos: con la asignación presupuestaria de este año se otorgaron dos plazas de Profesional 2 al Subproceso de Capacitación, cuyos ocupantes serían los responsables de realizar la planificación, organización y el control de las actividades formativas.  Para estas plazas se asignó el equipo correspondiente, a saber dos computadoras y una impresora de inyección de tinta.
Espacio físico: por medio de una reorganización dentro del Departamento de Personal y a pesar de las enormes limitaciones existentes, se logró ubicar la unidad en un espacio físico separado, con un área aproximada de 20 metros cuadrados, lugar donde se ubicaron las estaciones de trabajo, los archivos y los equipos comprados.
Equipo audiovisual: con el presupuesto asignado se adquirieron dos grabadoras, dos retroproyectores de transparencias y dos proyectores multimedia.
Materiales, suministros y equipo diverso:  con cargo al presupuesto de la Sección de Investigación y Desarrollo, logró obtener el aprovisionamiento de suministros diversos, como son:  lapiceros, lápices, tijeras, goma, papel, etcétera.”
3. CONCLUSIONES
De la información recibida de parte de los Licenciados Román Bresciani y Mauricio Quirós, se puede determinar que la participación de la Escuela en las actividades de capacitación del ámbito administrativo, se encuentra limitada al apoyo o asesoría en la revisión de diseños curriculares en algunos de los cursos que al efecto son impulsados internamente por el Departamento de Personal-Desarrollo Humano. 
En lo relativo a la determinación de las políticas de capacitación de dicha área y la contratación de capacitación con organismos externos, no existe un acompañamiento de la Escuela Judicial.
La selección de participantes, trámites de permisos para asistir a las actividades de capacitación y demás aspectos de corte administrativo en la gestión de una actividad de esa naturaleza son realizadas por el personal que al efecto se encuentra destinada al área de capacitación del Departamento de Personal.”
SE ACUERDA: Aprobar el informe anterior y comunicarlo al Consejo Superior.  ACUERDO FIRME.”
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	Se dispuso: 1) Tomar nota del informe rendido por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial. 2) Comisionar a los licenciados Alfredo Chirino Sánchez, Alfredo Jones León y Francisco Arroyo Meléndez, a fin de que analicen la conveniencia de que la Escuela Judicial asuma la coordinación de la capacitación de forma integral, que abarque también la correspondiente al ámbito administrativo, y presenten a este Consejo una propuesta de solución.”.
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SE ACUERDA:  Tomar nota.

ARTICULO XVII

La Licda. Milena Conejo Aguilar, miembro del Consejo Superior en correo electrónico de fecha 15 de junio de 2005 que envió al Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial  dice:

“Alfredo espero estés muy bien. Te escribo para hacer de tu conocimiento que la Comisión Interinstitucional de Tránsito tiene programada, con el apoyo de la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte- BID, un encuentro con los jueces de esta materia de todo el país, así como miembros del COSEVI y La Policía de Tránsito, para entregarles las reformas a la ley con comentarios y todas las directrices al respecto, así como para tratar los temas propios de la Reforma, la actividad está para el 29 de julio de 8 a 4:30 en la Escuela Juan XXIII. Ya contamos con un programa, objetivos de la actividad, la lista de participantes, el desarrollo de los temas a tratar y todo el material que será entregado a los participantes, por lo anterior y a efecto de formalizar la actividad, te ruego me indiques como coordino con la Escuela para la aprobación del curso, ya que con la Defensa yo sabía pero ahora no sé, te adelanto que la necesidad de realizar este evento se aprobó ya en el Consejo, por lo problemas de interpretación. Gracias de antemano por tu ayuda. Milena Conejo”
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“Cronograma de Actividades de las Charlas para Jueces de Tránsito 29 de Julio 2005
Tema: 
Reforma a la Ley de Tránsito
 Ley 8341 del 28 de Diciembre del 2004

II.	Objetivos de la actividad:

1)	Reunir a los jueces y personal auxiliar que tramita la materia de tránsito a nivel nacional.
2)	Entregar a los participantes la Ley de Tránsito con las reformas y comentarios útiles para su aplicación.
3)	Analizar el impacto de la reforma a la Ley de Tránsito, y unificar los procedimientos en los diferentes despachos judiciales 
4)	Identificar las distintas instancias administrativas que intervienen en los procedimientos  de tránsito y sus funciones.
5)	Fomentar espacios de discusión entre los jueces para mejorar la calidad,  tanto de la atención a los usuarios y usuarias como de las resoluciones judiciales en la materia de tránsito.

II. Programa

07:00 hrs Salida de la Corte Suprema de Justicia hacia la Escuela de Formación Juan XXIII.
08:00 hrs. Hora de Inicio
08:10 Palabras de Apertura y Bienvenida : Licenciada Milena Conejo Aguilar. Representante del Consejo Superior del Poder Judicial y  Coordinadora de la Comisión Interinstitucional de Tránsito.
08:15 hrs. Tema I: Principios Generales de la Reforma de Tránsito y análisis de artículos del 148 al 153: Lic. Franz Josef Korte Núñez, Juez de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de San José.
09:30 hrs.  09:45 hrs Tiempo de Café
09:45 Tema II: El Consejo de Seguridad Vial y su participación dentro de los procesos de infracción. Lic. Sara Soto  Jefe de Logística de COSEVI.
10:30 hrs. Tema III: La Unidad de Control ( Estructura, Funciones,  El proceso de impugnación y Apelación) Lic. Fernando Carvajal González, Jefe de la Unidad de Control de la Dirección General de Tránsito.
11:15 hrs. Tema IV: El artículo 154 incisos a, b, c, ch y e)  Lic. María Marta Ramos Montes de Oca, Jueza de Tránsito de Puntarenas.
 Almuerzo 12:15 a 13:30 hrs.
13:30 hrs. Tema V: El artículo 154 inciso d) Lic. Norman Rojas Álvarez, Juez de Tránsito I Circuito Judicial de San José.
14:30 a 14:45 hrs. Tiempo de Café
14:45 Tema VI: Modificaciones en el proceso de Colisión.  La nueva regulación de la Conciliación en materia de tránsito. Lic. Ana Catalina Campos Ramírez, Jueza de Tránsito de Cartago.
16:00 hrs  Cierre de Evento y entrega de certificados de participación.
16:30 Salida hacia San José.
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“PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA MATRIA DE  TRANSITO

1.	Conformación de la Comisión: 

La Comisión de trabajo de la materia de tránsito está conformada por servidores públicos que se desempeñan en distintas instituciones, que tienen un papel esencial para  que la justicia de tránsito se brinde con la calidad que los usuarios y usuarias merecen. Es por ello que  la integran representantes del COSEVI, de la Dirección General de Tránsito, de los despachos judiciales y un integrante del  Consejo Superior del Poder Judicial, quien la preside. En este momento sus miembros son: 

2.	Objetivos de la Comisión: 

Los principales objetivos hacia los que se dirige el accionar de la comisión son los siguientes:

1.	Coordinar todas las acciones necesarias entre las diversas instituciones involucradas en la justicia de tránsito, con una doble finalidad: por un lado para dar soluciones conjuntas y efectivas  para que  los procesos judiciales se lleven a cabo de  forma más accesible y sencilla  para los usuarios, y por el otro  para facilitar la tramitación de la materia a los servidores públicos encargados, u maximizar la utilización de los recursos con que se cuenta.
2.	Analizar tanto temas de fondo como de procedimiento, que son planteados por cualquier interesado en la justicia de tránsito, para darle la solución más adecuada.
3.	Emitir directrices y lineamientos sobre la forma en que se estima debe aplicarse la Ley de Tránsito, para unificar el procedimiento en todo el país.
4.	Coordinar actividades de capacitación para jueces, personal auxiliar y de las otras dependencias estatales que participan de la justicia de tránsito, cuando se estime necesario actualizar los conocimientos en esta materia.
5.	Estudiar los proyectos de ley que tienen que ver con la justicia de tránsito y emitir el dictamen correspondiente, así como proponer las reformas legales que mejoren la justicia de tránsito.

3.	Actividades de la Comisión de Tránsito para el año 2005

Para el año 2005  se han fijado como temas prioritarios para la Comisión los siguientes: 

1.	Mejorar  la aplicación de la tecnología en los despachos para facilitar tanto al usuario como al personal  la tramitación de la materia de tránsito. Esto se desarrolla con proyectos como el de acceso más expedito a la página electrónica del COSEVI,  tanto para consultas como para actualización de información, el proyecto de conectividad para la transferencia de datos entre ambas instituciones, entre otros
2.	En virtud de las reformas a la Ley de Tránsito que entraron en  vigencia  a finales de diciembre del 2004, la Comisión se avocó a su estudio  y  a  dimensionar el  impacto que tendría en los despachos judiciales.  Durante los tres  primeros meses del año se diseñaron algunas directrices básicas para la implementación de las reformas y se evacuaron consultas de distintos despachos, sin embargo debe la Comisión durante este año llevar a cabo las siguientes  actividades  relacionadas con esta reforma: 
2.1.	Diseñar e implementar una campaña de divulgación de la reforma, tanto a lo interno del Poder Judicial, como hacia la comunidad que acude a la justicia de tránsito.
2.2.	Procurar recursos para el tiraje de las reformas a la Ley de Tránsito con un capítulo de  comentarios.
2.3.	Desarrollar un encuentro con todos los jueces y juezas que tramitan la materia de tránsito, así como personal de apoyo para dar a conocer las reformas y los lineamientos que ha dado la Comisión y  unificar su aplicación; así como dar a conocer las diferentes instituciones involucradas en la materia y cual es el rol de cada una.
2.4.	Desarrollar un plan de capacitación para actualizar los conocimientos en materia de tránsito para jueces y personal de apoyo de los juzgados, que involucre además a personal de las instituciones estatales que participan del proceso de tránsito. Estas capacitaciones deberán ser regionales y durante el presente año deberán realizarse al menos dos actividades de este tipo.
2.5.	Desarrollar una propuesta para la aplicación de la justicia de tránsito en el ámbito penal juvenil, así como colaborar en su ejecución. 
2.6.	Realizar al menos una actividad de capacitación para los jueces de materia penal juvenil para actualizar sus conocimientos. 

3.	Organización y financiamiento de las actividades. 

Cada una de las actividades son coordinadas por los miembros de la Comisión, ya sea de forma conjunta o individual, asimismo los materiales de capacitación son producidos por ellos mismos, quienes son los expertos y expertas en los temas.

En cuanto al financiamiento, es necesario buscar las fuentes, y por ser un tema de tanta trascendencia, se requiere el apoyo institucional, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, por lo que se está presentando esta propuesta a los diversos entes para su consideración. Aunque debido a la urgencia de la unificación de criterios, de ser necesario se autofinanciará al menos una actividad por los propios jueces y demás funcionarios y funcionarias.”
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SE ACUERDA:  Aprobar las “Charlas para  Jueces de Tránsito sobre la reforma a la Ley de Tránsito  N°8341  del 28 de diciembre de 2004”, que se celebrará el 29 de julio del 2005, en la Escuela de Formación Juan XXIII y se autoriza la confección de certificados de asistencia.  Se comisiona a la Licda. Yadira Brizuela Guadamuz, Abogada de la Escuela para que coordine lo que corresponda.  Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de permiso con goce de salario sin sustitución para los participantes  siempre y cuando no afecte el buen servicio público, la lista de participantes se remitirá posteriormente.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO XVIII

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial rinde informe de las solicitudes de cursos aprobadas por la Dirección y que fueron remitidas al Consejo Superior para su aprobación, para que sean avaladas por este Consejo.

Año 2005							
							
Solicitudes aprobados por la Dirección que deben ser avalados por del Consejo Directivo de la Escuela Judicial		
No. Oficio	Fecha de recibido	Remitente	Asunto	Visto bueno o no de la Dirección	Coodinador que tramita	No.de oficio y fecha que se remitió al Consejo Superior	
455-DG-2005	11/05/05	Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General del O.I.J.	 Solicita que se autorice la participación con goce de salario del servidor Roberto Pérez Vargas, Investigador de la Sección de Delitos Sexuales, Familia y contra la Vida,  en el seminario sobre “La Cooperación Policial Internacional ante la Delincuencia Informática”, que se llevara a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 30 de mayo al 03 de junio del año en curso, el cual, es organizado por la Oficina Técnica de la Agencia Española de Cooperación Internacional, quienes cubrirán lo referente a gastos de hospedaje, alimentación y tiquetes aéreos.	El Dr. Alfredo Chirino,  remite gestión para que sea aprobado por Consejo Superior. 	Dirección	EJ-DIR-169-2005, 5-05-05	
723-FGR-2005	11/05/05	La Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio de Justicia al Lic. Francisco Dall´Anese	Extiende invitación a tres funcionarios del Ministerio Público para que participen en el seminario internacional "La lucha contra la Pornografía Infantil y el Tráfico de Personas en el Àmbito del Comercio Sexual" la cual se realizará en Santiago, Chile los días 25, 26 y 27 de mayo. Solicitan aprobación para la participación de la Licda. Eugenia Salazar Elizondo, Fiscala Auxiliar de la Fiscalía de Delitos Sexuales de San José, quién cubrirá el gasto de boleto.	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 0722-FGR-2005, 11/05/2005 del Ministerio Público	
726-FGR-2005	11/05/05	Ana Lorena Brenes, Procuraduría General de la República al Lic. Francisco Dall´Anese	Extiende invitación para cinco fiscales del Ministerio Público para que participen en el curso "Derecho Financiero y Tributario" la cual se realizará en el Edificio Académico del Colegio de Abogados los día lunes, martes y miércoles de las 8:00 a las 12:00 horas, del 16 de mayo al 8 de junio del 2005 y se designaron los siguientes:                                                                                                       1.  Roy Alfaro Delgado                                                                2.  Minor José Soto Fallas                                                       3.  Danilo Hines Jackson                                                            4.  Luis Alberto Venegas Marin                                             5.  Ronald Segura Mena	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 0725-FGR-2005, 11/05/2005 del Ministerio Público	
730-FGR-2005	11/05/05	Ana Lorena Brenes, Procuraduría General de la República al Lic. Francisco Dall´Anese	Extiende invitación a tres fiscales del Ministerio Público para que participen en el curso "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y su Reglamento" la cual se realizará en el Miniauditorio del Edificio Académico del Colegio de Abogados los días 17, 18 y 19 de mayo del 2005 de las 8:00 a las 12:00 y se designaron los siguientes:                                                                                                       1.  Amelia Robinson Molina                                                               2.  Juan Carlos Cubillo Miranda                                                       3.  Warner Molina Ruiz                                                           	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 0729-FGR-2005, 11/05/2005 del Ministerio Público	
0467-DG-05	10/05/05	Lic. Francisco Segura Montero
Subdirector General a.i.
Organismo de Investigación Judicial	Solicita que se autorice la participación con goce de salario sin sustitución de los siguientes profesionales de la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense.

1. Licda. Ana Marcela Villalobos Guevara, Psicóloga Clínica.
2. Msc. Eugenia Víquez Hidalgo, Psicóloga Clínica.
3. Msc. Silvia Pinchanski Fachler, Psicóloga Clínica.
4. Lic. Mario García Hidalgo, Psicólogo Clínica.
5. Dr. Nino Castro Carboni, Psiquiatra.
6. Msc. Carmen Zeledón Grande, Psicóloga Clínica.
7. Dr. Freddy Mejía Sánchez, Psiquiatra.
8. Msc. Desireé Morales Salinas, Psicóloga Clínica.
9. Dra.  Cinthia López Castillo, Médico Psiquiatra.
10. Dra. Ginnette Campos Villalobos, Médico Psiquiatra.

Para que participen en el curso organizado por el Programa Regional de Capacitación contra la Violencia Doméstica del (ILANUD) sobre “Peritaje en Casos de Abuso Sexual Infantil”, que se llevara a cabo en Colegio de Médicos y Cirujanos de nuestro país los días 21 y 22 de setiembre del 2005.  	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	  EJ-DIR-170-2005
                     12 /5/2005
	
754-FGR-2005	11/05/05	MSC. Rafael Gutiérrez Rojas, SINAC  al Lic. Francisco Dall´Anese	Extiende invitación a los fiscales del Ministerio Público para que participen en el Foro "Ley de Pesca y Acuacultura, políticas de interpretación y aplicación de delitos Ley Forestal y Ley de Conservación de Vida Silvestre; políticas procedimentales y dirección funcional" la cual se realizará en el FANAL, San José el día 3 de junio de 8 a 4 de la tarde y se designaron los siguientes:                                                                                                       1. José Pablo González M.
2. Sergio Valdelomar Fallas
3. Kattia Fernàndez González
4. Ricardo Guevara Muñoz
5. Miguel Abarca Rivas
6. Marisol Muñoz Prado
7. José María Arguedas Salazar
8. Fernando Cubero Pèrez
9. Fernando Vargas Zeledón
10. Luis Diego Muñoz Ramírez                                      	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 0734-FGR-2005, 11/05/2005 del Ministerio Público	
755-FGR-2005	11/05/05	Dr. Carlos Samayoa, Organización Panamericana de la Salud  al Lic. Francisco Dall´Anese	Extiende invitación a los fiscales del Ministerio Público para que participen en el Foro "Validación del Material de Capacitación del Manual de Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre" el día 3 de junio de 2005 de las 8:00 a las 16:00 horas y se designaron los siguientes:                                                                                                       1. Silene Castro Vindas
2. Mauricio Boraschi Hernández
                  	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 0753-FGR-2005, 16/05/2005 del Ministerio Público	
757-FGR-2005	16/05/05	Michelle L. Riebeling, Agregada Cultural Embajada U.S.A., al Lic. Francisco Dall´Anese	Extiende invitación a la Licda. Silvia Hernández Soto, Fiscal Coordinadora de Delitos Varios para participar en el programa de visitantes internacionales sobre: "Protección a los Derechos de Propiedad Intelectual" la cual se realizará en varias ciudades de los Estados Unidos, del 11 de junio al 2 de julio del 2005.                                                                                               	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 0756-FGR-2005, 16/05/2005 del Ministerio Público	
759-FGR-2005	16/05/05	Elías Carranza, ILANUD  al Lic. Francisco Dall´Anese	Solicita que se autorice  permiso con goce de salario y sustitución al Fiscal Adjunto Jorge Chavarría Guzmán para que participe en el "Primer Curso internancional de Capacitación en Reformas al Sistema de Justicia Penal en Amèrica Latina"  del 26 de julio al 3 de agosto.                                                                                                                                    	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 0758-FGR-2005, 16/05/2005 del Ministerio Público	
504-DG-2005	05/05/2005  recibido el 18-5-05	Lic. Francisco Segura Montero
Subdirector General a.i.
Organismo de Investigación Judicial	Solicita se autorice la participación con goce de salario de los servidores de la sección de Delitos Varios:
1. Sr. Lorenzo González Martínez
2. Sr. Efraín Torres Zúñiga 
En el taller denominado “Las regulaciones en materia de comercio Fauna Silvestre en Costa Rica-Manejo y cuidado de animales retenidos por trasiego ilegal”, que se llevara a cabo los días 23 y 24 de mayo del año en curso en el Zoológico ZOOAVE en Alajuela a partir de las 8:00 a.m., el cual es organizado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, la Sociedad Humanitaria Internacional (HSI) y la Alianza Global para el Desarrollo Humanitario Sostenible.	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	EJ-DIR-181-2005, 18-05-05	
520-DG-2005	20/05/05	Lic. Francisco Segura Montero
Subdirector General a.i.
Organismo de Investigación Judicial	Solicita se autorice la participación del servidor Marvin Áviles Flores, Investigador de la Sección de Delitos Varios de este Organismo, encargado de la investigación de estos ilícitos, en la reunión denominada “Nicaragua, Costa Rica y Panamá:  Tráfico ilícito y control de armas de fuego”, que se llevara a cabo del 13 al 14 de junio en la Ciudad de Granada, Nicaragua, en el Hotel La Alambra, el cual es organizado por el señor Luis Alberto Cordero, Director Ejecutivo de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, quienes cubrirán lo referente a gastos de hospedaje, alimentación y tiquetes aéreos.	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	EJ-DIR-187-2005, 20-05-05	
506-DG-2005	17/05/05	Lic. Francisco Segura Montero
Subdirector General a.i.
Organismo de Investigación Judicial	Solicita se autorice la participación del servidor Alberto Chamorro Umaña, Investigador de la Delegación Regional del O.I.J. en Liberia, encargado de la investigación de delitos relacionados con drogas, en el “Seminario Regional de Formación Técnica en materia de lucha contra el Desvío de Precursores Químicos", que se llevara a cabo del 20 al 24 de junio en Caracas-Venezuela, el cual es organizado por el señor José Martínez Colet, Agregado de Seguridad del Interior de la Embajada de Francia en nuestro país y el Centro Interministerial de Formación Antidrogas (CIFAD), quienes cubrirán lo referente a gastos de hospedaje, alimentación y tiquetes aéreos.
	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	EJ-DIR-182-2005, 18-05-05	
DTSP-333-2005	18/05/05	Licda. Matilde González Aguilar, Jefa Departamento de Trabajo Social y Psicología	Solicita se autorice la participación con goce de salario y sustitución de la Licda. María Amalia Monge, Trabajadora Social de la Oficina de Trabajo Social y Psicología de San Carlos, en el curso impartido por la Dra. Gioconda Batres Méndez sobre “Peritaje en casos de abuso sexual infantil” a celebrase del 21 al 22 de setiembre en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.  
Esta actividad es organizado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y el Programa Regional de Capacitación contra la Violencia Doméstica. 
	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	EJ-DIR-183-2005, 18-05-05	
802-FGR-2005	19/05/05	Sra. Victoria Napky, Jefa de la Oficina de la Dirección Ejecutiva, del Instituto Interamericano de Derechos Humnos al Lic. Francisco Dall´Anese	Extiende invitación al señor Sergio Valdelomar Fallas, Fiscal de Delitos Ambientales para que participe como expositor en el seminario sobre "Medio Ambiente y Derechos Humanos" la cual se realizará en Cuba los dìas 13 y 14 de junio de 2005.                   	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 0803-FGR-2005, 19/05/2005 del Ministerio Público	
505-DG-2005	23/05/05	Lic. Francisco Segura Montero
Subdirector General a.i.
Organismo de Investigación Judicial	Solicita que se deje sin efecto el permiso solicitado para el servidor José Francisco Carrillo, cédula No.  6-201-978 de la Delegación Regional de Puntarenas, para participar en el seminario Franco Costarricense en materia de: “Lucha Marítima contra los Estupefacientes ”, que se llevaría a cabo los días 10 y 11 de mayo en la Escuela Nacional de Policía en San José, el cual, fue gestionado  ante el Consejo Superior por la Dirección de la Escuela Judicial, mediante el oficio  EJ-DIR-165-2005 del 09-05-05. 	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	EJ-DIR-188-2005, 20-05-05	
902-FGR-2005	26/05/05	Juan Luis Florido, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público de Guatemala al Lic. Francisco Dall´Anese	Extiende invitación a un fiscal de la Fiscalía Especializa de Delitos Sexuales para que participe en el taller en el marco del Convenio de Financiación entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el Ministerio Público de Guatemala,  "Reforma Legal, Justicia y Protección" a realizarse los días 16, 17 y 18 de junio en Guatemala. Se designó a la Fiscala Mayela Pérez Delgado, de la Unidad Especializada Contra la Explotación Sexual Comercial.                                                                                    	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 0901-FGR-2005, 16/05/2005 del Ministerio Público	
516-DG-2005	23/05/05	Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de Investigación Judicial	Solicita se autorice la participación de los servidores de la Sección de Delitos Contra la Propiedad señores Diego Chavarría García de la Unidad de Asaltos y Víctor Azofeifa Monge de la Unidad de Robo de Vehículos, en el curso internacional sobre “Las Técnicas Operativas de Lucha contra la Delincuencia Organizada”, que se llevara a cabo en San Salvador del 20 de junio al 01 de julio del presente año, el cual, es organizado por el José Martínez Colet, Agregado de Seguridad del Interior de la Embajada de Francia, quienes cubrirán los costos. 	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	EJ-DIR-196-2005, 27-05-05	
563-DG-2005	27/05/05	Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de Investigación Judicial	Solicita se autorice la participación de los siguientes servidores:
1. Manuel Ernesto Durán Castro, Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios.
2. Diana Cano Canessa, Médica de la Sección de Patología Forense.
3. Marcos Badilla Bermúdez, Investigador de la Regional del O.I.J. en Liberia.
4. Olman Jiménez Montero, Investigador de la Regional del O.I.J. en Alajuela.
En el taller sobre “Validación del Material de Capacitación del Manual de Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre”, que se llevara a cabo en San José del 01 al 03 de junio, el cual, es organizado por la Organización Panamericana de la Salud la Embajada de Francia, quienes cubrirán los costos. 	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	EJ-DIR-197-2005, 27-05-05	
515-DG-2005	28/05/05	Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de Investigación Judicial	Solicita se autorice la participación investigador de la Sección de Fraudes del O.I.J., señor Max Pérez Guzmán, en el curso internacional sobre “Moneda Falsa”, que se llevara a cabo en Bogotá-Colombia del 04 al 08 de julio, el cual, es organizado por el Comisario Ángel García Ergueta de la Brigada de Investigación del Banco de España, quienes cubrirán los costos.	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	EJ-DIR-198-2005, 27-05-05	
951-FGR-2005	16/05/05	Artemi Rallo Lombarte, Director General RECAMPI, ILANUD  al Lic. Francisco Dall´Anese	Solicita que se autorice permiso con goce de salario y sustitución al señor Warner Molina Ruiz, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios para que participe en el seminario "El Principio Acusatorio" que se llevara a cabo en Cartagena de Indias-Colombia del del 28 de junio al 1 de julio, el cual, es organizado por el Director General de RECAMPI y AECI, quienes cubrirán los costos.                                                                                 	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 0950-FGR-2005, 01/06/2005 del Ministerio Público	
DTSP-363-2005	18/05/05	Licda. Matilde González Aguilar, Jefa Departamento de Trabajo Social y Psicología	Solicita se autorice la participación con goce de salario y sustitución de la Licda. Kattia Robles Alfaro, Psicóloga de la Oficina de Trabajo Social y Psicología de San Carlos, en la capacitación sobre “Salud Mental de la Niñez” a celebrase del 28 al 30 de junio en el Auditorio del Hospital de San Carlos.  
Esta actividad es organizado por la Dirección Regional de Servicios Médicos de la Región Huetar Norte.
	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	EJ-DIR-208-2005, 31-05-05	
 JEF-527-05	02/06/05	Lic. Alejandro Rojas Aguilar, Jefe a.i. de la Defensa Pública	Solicita se autorice la participación con sustitución y goce de salario de la Licda. Diana Montero Montero, Defensora Pública de San José, en el primer curso internacional de “Capacitación en Reformas al Sistema de Justicia Penal en América Latina”, que se llevará a cabo del 26 de julio al 03 de agosto del presente año, el cual es organizado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	EJ-DIR-215-2005, 03-06-05	
585-DG-05	02/06/05	Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector General del O.I.J.	Solicita se autorice la participación de los siguientes  servidores:
Elizabeth Flores Calvo, Auditora Investigadora Sección Delitos Económicos y Financieros
Jorge Monge Calderón, Auditor Investigador Sección Delitos Económicos y Financieros
Freddy Vargas Ruíz, Auditor Investigador Sección Delitos Económicos y Financieros
María Isabel Mora Z., Auditora Investigadora Sección Delitos Económicos y Financieros
Elizabeth Flores Calvo, Auditor Investigador Sección Delitos Económicos y Financieros
En el curso de “Funcionamiento del Sistema de pagos costarricense”, que se llevara a cabo del 06 al 10 de junio del presente año, de 8:30 a.m.,  a  4:30 p.m., el cual es organizado por Sr. Francisco Carvajal, Director del Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Costa Rica
	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Dirección	EJ-DIR-210-2005, 03-06-05	
609-DG-05	07/06/05	Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector General del O.I.J.	Solicita se autorice la participación de los siguientes  servidores:
Chinchilla Castro Gustavo, Guillén Caravaca Sergio, Viquez Esquivel Luis
En el curso de “Vigilancia y Seguimiento”, que se llevara a cabo del 11 al 29 de julio del presente año, el cual esta organizado por el Ing. Guido Alvarado Martínez, Director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS)
	Si por Lic. Mateo Ivankovich F. LL.M.	Subdirección	EJ-DIR-220-2005, 07-06-05	
999-FGR-05	08/06/05	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Solicita se autorice la participación de los siguientes servidores: Andrea Chacón Bonilla, Fiscal Auxiliar San José; Gabriela alfaro Zúñiga, Fiscal Auxiliar de san carlos; Gustavo Rojas Gutierrez, Fiscal Auxiliar de Cartago; Deby Garay Boza, Fiscal Auxiliar de Heredia; Eunice Villalta Calvo, Fiscal Auxiliar de Alajuela; Luis Diego Muñoz Ramírez,  Fiscal Auxiliar de Quepos. En el Tercer curso en la " Investigación de delitos de Explotación Sexual Comercial contra Niños, Niñas y Adolecentes y la Atención de la Victima en estos delitos" que se llevara a cabo del 27 de junio al 8 de julio del presente año.	Si por Lic. Mateo Ivankovich F. LL.M.	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 0999-FGR-2005, 07/06/2005 del Ministerio Público	
DTSP-387-2005	07/06/05	Licda. Matilde González Aguilar, Jefa Departamento de Trabajo Social y Psicología	Solicita se autorice la participación con sustitución y  goce de salario de la Licda. Ivette Aguilar Arrieta, en el curso de “Peritaje en casos de Abuso sexual infantil”, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de septiembre del presente año, el cual es organizado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Programa Regional de Capacitación contra la Violencia Domestica. 	Si por Lic. Mateo Ivankovich F. LL.M.	Subdirección	EJ-DIR-223-2005, 08-06-05	
DTSP-386-2005	07/06/05	Licda. Matilde González Aguilar, Jefa Departamento de Trabajo Social y Psicología	Solicita se autorice la participación con sustitución y goce de salario de la Licda. Gina Ramón Fernández, Trabajadora Social en la Oficina de Trabajo Social y Psicología de Guápiles, en el curso de “Peritaje en casos de Abuso sexual infantil”, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de septiembre del presente año, el cual es organizado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Programa Regional de Capacitación contra la Violencia Domestica.	Si por Lic. Mateo Ivankovich F. LL.M.	Subdirección	EJ-DIR-224-2005, 09-06-05	
	15/06/05	Sr. José Martinez Colet, Agregado de Seguridad Interior  Emb. de Francia al Lic. Francisco Dall´Anese	Solicita que se autorice la participación con goce de salario y sustitución de los siguientes Fiscales:

1. Jorge Chavarría Guzmán.
2. Osvaldo Henderson García.
3. Greysa Gómez Nuñez.
4. Lilliam Gómez Mora.
5. Mauricio Boraschi Hernández.
6. Andrea Murillo Fallas.

Para que participen en el seminario de “Formación sobre Técnicas de Investigación e Inteligencia en Materia de Represión de los Actos Terroristas”, que se llevara a cabo en Colegio de Abogados de nuestro país, los días 27 de junio al 8 de julio del 2005, el cual, es organizado por la ILANUD, CICTE, OEA,  y la Escuela Judicial.             	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 1036-FGR-2005, 14/06/2005 del Ministerio Público	
1051-FGR-2005	15/06/05	Dr. Guillermo Hernández, Director General ICD  al Lic. Francisco Dall´Anese	Solicita se autorice la participación con sustitución y  goce de salario de los señores Walter Espinoza Espinoza y Luis Alonso Bonilla Guzmán, Fiscales de Narcotráfico,  en el taller  "Para Evaluadores", a realizarse 21 de junio del años en curso.                  	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar, Fiscalìa General de la Repùblica.	Ref. 1049-FGR-2005, 15/06/2005 del Ministerio Público	

SE ACUERDA:  Aprobar las solicitudes de cursos remitidas por la Dirección de la Escuela  a aprobación del Consejo Superior.  

ARTICULO XIX

El  Lic. Román Bresciani Quirós, Abogado de la Escuela Judicial en oficio  EJ-UJ-144-2005 de fecha 17 de junio de 2005 dice:

“Reciban un cordial saludo. Asimismo, me permito informarles que el Dr. Oswaldo Alberto Ordónez Alcántara, Magistrado Titular de la Especialidad Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha manifestado su interés en impartir dos charlas, dirigidas  a estudiantes de derechos, funcionarios judiciales, abogados litigantes y público en general, el día jueves 28 de julio de 2005, a llevarse a cabo en el Primer Circuito Judicial y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, respectivamente.

	La primer conferencia ha de ser expuesta en la Facultad de Derecho, en el horario de 9:00 a 11:00 a.m. se denomina: “Los principios que informan el proceso contencioso administrativo peruano”, en tanto el segundo tema ha ser impartido en el Auditorio de la Plaza de la Justicia, en el horario de 2:00 a 4:00 p.m. se denomina: “La facultad de plena jurisdicción en el proceso contencioso administrativo peruano”.

	Es con el propósito de organizar conjuntamente dicha actividad, por parte de la Facultad de Derecho y la Escuela Judicial, que se solicite su autorización y la posterior aprobación por parte del Consejo Superior.

Conforme lo anterior,  solicitamos su autorización para que Dr. Oswaldo Alberto Ordónez Alcántara pueda participar como expositor en  dicha actividad en el horario y día arriba señalados,.
Asimismo, solicitamos su autorización para que aquellos funcionarios judiciales que deseen asistir a dicha actividad lo puedan hacer, sin sustitución, con goce de salario y en el entendido de que los despachos en que laboran tomarán las medidas necesarias para que la prestación del buen servicio público no se vea afectado y sin que se suspendan debates ni diligencias previamente programadas para esas fechas, lo cual implica que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes del despacho, en caso de ser necesario. Igualmente, se solicita su autorización para que abogados litigantes, estudiantes de derecho y público en general puedan asistir a dicha actividad.”
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SE ACUERDA:  Aprobar las conferencias “Los principios que informan el proceso contencioso administrativo peruano” a realizar  en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica de 9:00 a 11:00 a.m. y “La facultad de plena jurisdicción en el proceso contencioso administrativo peruano" a realizar en el Auditorio de la Plaza de la Justicia de 2:00 a 4:00 p.m. ambas el día 28 de julio de 2005 dirigida a funcionarios judiciales, abogados litigantes, estudiantes de derecho y público en general.  Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de permiso con goce de salario sin sustitución para los participantes del Poder Judicial  siempre y cuando no afecte el buen servicio público.  ACUERDO FIRME.

ASUNTOS VARIOS

ARTICULO XX

El señor Elías Carranza, Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidad para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en oficio DG-322-2005 de fecha 4 de junio del año en curso dice:

“En el contexto del Proyecto relativo al “CURSO INTERNACIONAL DE CPACITACIÓN SOBRE LAS REFORMAS AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN AMÉRICA LATINA”, que co-organizamos ILANUD, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Gobierno de la República de Costa Rica, hemos planificado la realización de un Foro Público sobre el tema de la “PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN AMÉRICA LATINA”, a realizarse el miércoles 27 de julio de 2005, a partir de las 6:00 p.m., de acuerdo a la propuesta de programa que adjunto.

Aprovechando la presencia en el mencionado curso de Alberto Binder, Vicepresidente de la Organización No Gubernamental “Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales” (INECIP) de Argentina y, de  Luis Ramírez Director de la Organización No Gubernamental “Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG) de Guatemala, quienes además de ser importantes líderes del proceso de reforma procesal penal en América Latina, dirigen estas importantes Organizaciones No Gubernamentales latinoamericanas y quienes además, impulsan la consolidación de un importante encuentro entre ONG’s de la región: “La Red Latinoamericana para  la Democratización de la Justicia”, cuyos objetivos centrales son “La participación social y el acceso a la justicia”, a la cual se ha incorporado la reciente Organización No Gubernamental de Costa  Rica: “Sociedad y Justicia”, cuya Presidenta es la Dra. Dora Guzmán Zanetti, Ex Magistrada de la  Corte Suprema de Justicia  de Costa Rica, y de la cual también forman parte los dos ponentes y la moderadora propuestos al Foro: Walter Antillón, Carlos Urquilla y Adriana Lander.

Al respecto, quisiéramos contar para este importante Foro Público con el patrocinio de la Escuela Judicial de Costa Rica, el cual consistiría en: 1. tramitar la solicitud de un aula del Colegio de Abogados para llevar a cabo el Foro;  2. apoyar en la publicidad y difusión del mismo, especialmente entre los funcionarios del sector justicia; 3.  Contar con algún personal de su institución a los efectos de apoyo logístico y/o protocolar.

Esperando recibir una pronta repuesta afirmativa de su parte y aprovechando una vez más para reiterarles mis más sinceras muestras de consideración y estima.
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SE ACUERDA:  Aprobar el Foro Público sobre el tema de la “Participación Social y Administración de Justicia en América Latina”, a realizarse el miércoles 27 de julio de 2005 a partir de las 6:00 p.m. y se comisiona a la Licda. Yadira Brizuela Guadamuz, Abogada de la Escuela Judicial, para que coordine lo que corresponda.  ACUERDO FIRME.

Se levanta la sesión a las doce  horas.

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL